Las “queimadas” o quemas no son nada nuevo en Novo Progresso, situado en la frontera donde las tierras de siembra de Brasil bordean la selva amazónica en el estado norteño de Pará. Las personas del lugar dicen que los agricultores usan el fuego todos los años para limpiar ilegalmente los pastos o las áreas recientemente deforestadas.
Pero un artículo del 5 de agosto publicado online en el Folha do Progresso fue inquietantemente específico sobre un “Día del fuego”.
El artículo señalaba que los productores y los ganaderos planeaban establecer una serie coordinada de incendios en el bosque y en las tierras cercanas el sábado 10 de agosto, inspirados en parte por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El líder derechista prometió que abrirá la mayor selva tropical del mundo a un mayor desarrollo. El castigo de los delitos ambientales se desplomó bajo su mandato.
Cuando llegó el día, la cantidad de incendios se triplicó respecto de las 24 horas anteriores. Los datos del Gobierno registraron 124 incendios, en comparación con sólo seis el 10 de agosto del año pasado.
La oficina de Bolsonaro no respondió a una solicitud de comentarios. En un mensaje del 25 de agosto en Twitter, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo que Bolsonaro había ordenado una pesquisa “rigurosa” para “investigar y castigar a los responsables” de los incendios de Novo Progresso.
Desde entonces, la policía estatal y federal ha llegado a esta ciudad de 30.000 habitantes. Algunos residentes no están satisfechos con la atención repentina. La mayoría de los agricultores contactados por Reuters se negaron a ser entrevistados. Muchos descartaron la historia de Folha do Progresso como basura, la invención de un fabulista.
“Para ustedes, forasteros, todos somos criminales aquí”, dijo un ranchero, que se negó a dar su nombre.
Adecio Piran, el periodista que escribió el artículo, dijo a Reuters que se escondió temporalmente después de recibir amenazas de muerte. Piran defiende su historia.
Según los fiscales que investigan el caso, el Gobierno de Brasil no actuó diligentemente para evitar la conflagración, pese a la advertencia.
El fiscal Paulo Oliveira dijo que notificó a la agencia ambiental de Brasil, Ibama, sobre el artículo de Folha do Progresso el 7 de agosto.
La agencia respondió el 12 de agosto, dos días después del “Día del fuego”, diciendo que carecía del apoyo policial necesario para investigar el asunto, según copias de la correspondencia entre Ibama y Oliveira revisada por Reuters. Ibama no respondió a una solicitud de comentarios. Se enviaron tropas del ejército a la zona semanas después. Para el miércoles pasado, había unos 200 soldados acampando en un terreno polvoriento usado para ferias rurales en las afueras de la ciudad.
Mientras Reuters avanzaba por el largo camino hacia la ciudad el 30 de agosto, el humo aún se notaba pesado en algunas partes. Troncos de árboles carbonizados y cenizas cubrían el suelo donde hasta hace poco había jungla.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil no quiso hablar para esta historia. Salles, el ministro, dijo antes que las políticas ambientales demasiado restrictivas han incitado a los habitantes rurales a recurrir a la tala ilegal y la minería para ganarse la vida. El “Día del fuego” es parte de una ola brutal de destrucción de la selva tropical de Brasil este año. Se han deforestado unos 6.404,8 kilómetros cuadrados (2.472,91 millas cuadradas), el doble del área talada en este punto el año pasado.
Las imágenes de la quema del Amazonas provocaron la condena internacional de las políticas ambientales de Bolsonaro, quien rechazó las quejas, según él, de intrusos que se entrometen en los asuntos internos de Brasil.
La gente del pueblo en Novo Progresso se indignó ante la llegada de la policía federal y el Ejército. Los comerciantes de ganado se quejaron de que era malo para los negocios.
Madalena Hoffmann, exalcaldesa de Novo Progresso, dijo que no sabía si los incendios del 10 de agosto fueron coordinados intencionalmente.
Señaló que la deforestación ha ido demasiado lejos. Pero como muchos en el lugar, culpa al Gobierno por imponer reglas ambientales tan complicadas y estrictas que los agricultores sienten que deben violar la ley para ejercer su comercio.
“Fundamentalmente es culpa del Gobierno”, dijo.
“Abandonado”
Novo Progresso data de principios de la década de 1980, cuando la dictadura militar de Brasil atrajo a las familias aquí con la promesa de tierras y oportunidades.
Las fuerzas armadas, donde el capitán en retiro del ejército Bolsonaro comenzó su carrera, vieron a la Amazonia en gran parte deshabitada como un vasto activo rico en recursos, vulnerable a la invasión o explotación por parte de extranjeros. Los militares construyeron caminos y alentaron el asentamiento.
Pero para 1985, la dictadura había caído. El nuevo Gobierno democrático comenzó lo que se convertiría en una política muy diferente hacia la Amazonia: la conservación.
“Fuimos abandonados”, dijo Moisés Berta, un ranchero de 59 años. Tomando café bajo el cielo del amanecer en una panadería popular entre los agricultores, dijo que se mudó a Novo Progresso cuando era joven en 1981 con la esperanza de comenzar una granja exitosa. Berta dijo que el Gobierno lo dejó a él y a otros abandonados al no garantizarles títulos claros para las tierras en las que habían trabajado por años.
Al poseer un título de propiedad se hace más fácil obtener financiamiento y eventualmente vender la granja. Sin el título, la propiedad es difícil de probar, lo que vuelve más fácil emprender actividades ilegales como la tala de árboles.
En Brasil, la propiedad de la tierra puede otorgarse demostrando que se está usando de manera productiva, que no es de otra persona y que no se encuentra en un área protegida, según estándares que Berta dice que sus propiedades cumplen.
Pero 38 años después de llegar, Berta todavía no tiene el título de su propiedad junto a la autopista BR 163, una arteria vital para el transporte de soja y ganado, pese a tratar repetidamente de registrarlo con el Gobierno federal.
Y si bien no tiene los derechos sobre la tierra, sosteniendo su teléfono, Berta mostró un documento relacionado con cuatro casos abiertos en su contra por Ibama, la agencia protectora del medio ambiente.
Cuando se le preguntó qué leyes supuestamente había violado, sonrió. “No tengo idea”, dijo.
Ibama no quiso hacer comentarios sobre los casos de Berta, pasando una solicitud de Reuters al Ministerio del Medio Ambiente, que no respondió.
El sindicato de agricultores de la ciudad dice que el 90% de los agricultores y ganaderos de la zona no tienen sus tierras formalmente reconocidas por el estado.
Los locales dicen que el proceso es complicado y que los funcionarios no responden. Los documentos deben presentarse en persona en una oficina a cinco horas en auto.
Incra, el organismo gubernamental responsable de la emisión de títulos de propiedad, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que estaba al tanto del retraso en la Amazonia y que “se estaban desarrollando medidas para promover la emisión de los títulos requeridos”.
Los agricultores se enfurecieron aún más por la creación en el 2006 de una gran reserva al oeste de Novo Progresso llamada Parque Nacional do Jamanxim, que según dicen ha reducido su capacidad de expansión.
El Gobierno federal estaba tratando de frenar la deforestación que había despejado gran parte del bosque en el vecino estado de Mato Grosso y se dirigía hacia el norte hacia Novo Progresso a lo largo de la BR 163.
Para complicar las cosas, casi 500 agricultores ya estaban dentro de la reserva cuando se creó. La mayoría se negó a irse, creando un conflicto que aún no se ha resuelto.
Muchos de los incendios del 10 de agosto ocurrieron dentro del Parque Nacional do Jamanxim, la reserva más deforestada en Brasil este año, según cifras del gobierno. Desde enero se han despejado más de 100 kilómetros cuadrados de selva tropical, un área casi el doble del tamaño de Manhattan.
Fuente: Medios Digitales
