La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes siguió ayer con el análisis del proyecto 2020 y se conoció que el Tribunal de Cuentas de Misiones contará con $677.719.000, lo que representa un 37,55% más que el año actual.
La presidenta del mismo, Fabiola Bianco, contó que “agentes del Tribunal tuvieron que hacer controles ‘in situ’ en cuatro municipios, por las rendiciones en falta”. No obstante, aclaró que “todas ya están en proceso de regularización, dentro de los plazos establecidos”.
“La terminación de oficios tiene que ver con los Municipios que no rinden cuentas al 31 de mayo”, indicó Bianco y recordó que “cuando comenzamos teníamos a 12 municipalidades que no habían rendidos sus cuentas; en el 2017 bajamos a 11, y en el 2018 sólo 4. Es un dato más que significativo porque podemos evaluar dos elementos: uno que es la mejora de procesos y, además, que el centro de capacitación que pusimos en marcha nos permitió acercarnos a los municipios de segunda categoría, los que nos permite llegar con una mayor cobertura territorial teniendo en cuenta los temas que surjan de acuerdo a las consultas”.
Por otra parte, destacó la evolución en el listado de las sentencias en los municipios. “El ejercicio del 2017 tiene el 100% de las sentencias dictadas, lo que nos permitió asegurar el proceso legal y el derecho a defensa. Este año, con respecto al ejercicio 2018, tenemos doce sentencias de las municipalidades ya dictadas y hay tres en proceso. El 31 de mayo venció la presentación y nosotros en julio ya comenzamos con el estudio. Pudimos avanzar en el mejoramiento de los procesos internos”, aseguró.
Con respecto a los procesos de auditoría de las empresas del Estado, la titular del Tribunal contó que “ya fueron cuatro auditadas y fue un trabajo inicialmente complejo, ya que por supuesto que nosotros debemos partir del balance, por ende estábamos sujetos al cierre del ejercicio de cada una. Este año tenemos tres ya casi finalizadas, que están pendientes de remisión. En el resto de las empresas, que son trece en total, ya tenemos el plan listo para comenzar con las auditorías”.
En el turno de las preguntas, esta cuestión fue comentada por el diputado de Juntos por el Cambio, Gustavo González, quien pidió la palabra para “felicitar el trabajo que se está haciendo desde el Tribunal, nos parece significativo el cambio del organismo” y rescató “el control que se hace en las empresas del Estado, mediante dos resoluciones”. Pidió discutir la ley orgánica que rige su funcionamiento e incluir ahí el control.
La consulta del diputado opositor fue aprovechada por la presidenta del ente para recordarle que “cuando ustedes no votaron mi pliego, en honor a la verdad, a mí me afectó porque lo único que puedo mostrar es mi honestidad e intelectualidad de trabajo. Puedo ser más preparada, más o menos inteligente, pero sí soy honesta. Por ende esa tacha anticipada y ‘sobre todo el zorro cuidando el gallinero’ me parecía horrible y altamente ofensivo, por eso valoro muchísimo su palabra, después de no haberme votado por dudar de mi procedencia. Y me hubiese gustado que mi pliego se vote por unanimidad, no por ego sino por respeto a la persona que fui en los lugares donde estuve”.
“No podemos hacer un control de legalidad porque las empresas tienen sus propios organismos de control. Pero, sí avanzamos con observaciones hechas y señalamos errores”, aseguró.
Destino de los fondos
Bianco explicó que la partida “responde a atender las necesidades que planteamos como estrategias de trabajo a mediano y a largo plazo, por ende comprende herramientas que tienen que ver con insumos de tecnología que antes no eran previstas y que ahora son previsibles en función de los objetivos”.
Expresó que la gran tarea que encaran es el proceso de digitalización, que “consta de cuatro etapas, de las cuales ya hemos superado una y estamos transitando la segunda para llegar finalmente a la firma digital. Cuestión que, en un organismo donde se lleva adelante un proceso jurisdiccional, no es tan sencillo, primero tuvimos que hacer un trabajo interno muy fuerte para una adecuación a los procesos, que se acortaran y tuvieran en cuenta el derecho a defensa del responsable de rendición. Es decir que se tuvieran en cuenta los plazos adecuados”, manifestó.
