El caos económico derivó en una crisis social y por esta razón, no en vano, desde la Iglesia y movimientos sociales se exige al Gobierno nacional que declare la Emergencia Alimentaria.
La situación de necesidad se replica en todas las provincias. En Misiones hay diversas vías de asistencia entre ministerios, subsecretarías y municipios, pero ante la debacle social todo es insuficiente.
Organizaciones sociales por su parte evidenciaron que durante el último año se duplicó la cantidad de familias que asisten a comedores y merenderos, al igual que los pedidos de asistencia y ayuda social.
Al respecto, el subsecretario de Acción Social, Héctor “Kiko” Llera, brindó un dato ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN que describió la gravedad del asunto: “Hace un tiempo eran sólo desocupados los que pedían alimentos o concurrían a los comedores. Ahora hay empleados asalariados de empresas privadas y empleados del Estado que no llegan a fin de mes y piden una bolsa de mercaderías”, detalló.
Sumado a esto, la Nación eliminó o disminuyó casi todos los programas de asistencia que funcionaban para las familias más necesitadas de Misiones, entre los que se destaca la tarjeta alimentaria (hace nueve meses). Además, se redujo a prácticamente cero la asistencia que venía de Desarrollo Social de la Nación a Misiones y se recortó la asistencia de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que financiaba cientos de comedores, entre otras.
Las organizaciones
Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pie, explicó que “en estos últimos dos años se registró un aumento muy fuerte de la cantidad de familias que van a comer en los merenderos. Antes venían los chicos, pero hoy aparecen familias enteras y adultos mayores, es un fenómeno que viene creciendo hace varios meses”, observó.
El dirigente social dijo que “la Nación nos incrementó 15% los recursos desde el año pasado, pero la mercadería no se condice con las necesidades, porque por ejemplo envían dos toneladas de lenteja pero solamente 200 kilos de leche, no está muy bien organizado”.
Por parte de la Provincia, manifestó que se recibe la misma asistencia desde principio de año para los comedores. “Nos incrementaron de 400 a 500 los bolsones de mercadería, pero con la necesidad que hay en los barrios, todo es insuficiente”, apuntó.
Señaló además que “mucha gente tiene trabajo y de igual manera empezó a venir al comedor. Eso antes no pasaba”.
A su turno, Martín Sereno, del Movimiento Evita, explicó que “estamos sosteniendo más de 120 merenderos en la provincia. Les estamos dando merienda a más de 4.500 pibes y muchas veces con sus madres y/o abuelos”, señaló.
Recordó que “el año pasado sosteníamos 74 merenderos”, pero advirtió que “los pedidos se duplicaron y no damos abasto”.
Y señaló que en Posadas y Garupá funcionan 40 merenderos y comedores populares, pero la demanda crece cada vez más.
“No llegamos a atajar todos los penales”, graficó el diputado provincial y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Por su parte, Antonella Scapini, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, explicó que “estamos planificando una salida a la calle (para hoy) dado que estamos viendo que la cuestión alimentaria pasó a ser una prioridad en los barrios”.
Comparó que “hace un tiempo la prioridad de la gente era conseguir trabajo, pero ahora es comer”, y remarcó “un claro empeoramiento de las condiciones sociales”.
“No teníamos tantos pedidos de alimento, sino de trabajo; pero desde hace dos años empezó a profundizarse esto, a tal punto que hoy los merenderos están desbordados”, asestó.
A su vez, se expresó de acuerdo con el pedido de emergencia alimentaria porque “es una clara necesidad de los barrios populares. Es muy difícil ver a los padres de familia concurrir al merendero, pero hoy estamos viendo que vienen porque no hay para comer”, se lamentó.
Tareferos
El año pasado, la Nación redujo de 8.000 a 1.700 las tarjetas alimentarias para tareferos y este año las eliminó definitivamente, exigiendo requisitos imposibles de cumplir. El subsidio interzafra era de 2.300 pesos mensuales.
Luego de esto, la Vicegobernación de Misiones anunció que la Provincia se hará cargo desde noviembre de todas las tarjetas y que además incrementará el monto, aunque aclaró que no será un subsidio, sino una beca que deberá ser acompañada de una contraprestación. Para ello, se entregarán herramientas para trabajar en proyectos productivos, huertas, panaderías, herrería, cría de pollos, etc.
En el mismo sentido, la Subsecretaría de Acción Social asiste permanentemente a 65 municipios con familias de tareferos, mediante módulos alimentarios que tienen trece productos. En 2016 eran 10 mil módulos, pero la crisis hizo que este año se incrementen a 15 mil todos los meses.
Comedores
En Posadas funcionan tres cocinas centralizadas que elaboran 26, 21 y 16 ollas de comida, respectivamente, en Villa Lanús, Santa Rita e Itaembé Miní. A partir de 2016 se duplicó la cantidad de ollas.
Cada olla produce 150 raciones de comida, con lo cual se totaliza entre todas las cocinas centralizadas un plato de comida diaria para 9.500 personas en Posadas.
Aparte de esto, funcionan entre 90 y 100 organizaciones sociales, fundaciones y hogares -de los cuales 90% está en Posadas- que asisten con alimentos y comida a una población de entre 35 mil y 40 mil personas.
Desde el Gobierno estiman que son entre 40 mil y 50 mil las personas que se alimentan mediante los comedores y merenderos del Estado y de las organizaciones sociales.
Tarjetas alimentarias
Hay cuatro tipos de tarjetas sociales y alimentarias que se distribuyen en el ámbito de Misiones:
• La tarjeta del Plan Alimentario Nacional, que distribuye la Nación a los intendentes por $250 y que dejó de funcionar hace nueve meses, asistía a 22 mil personas.
• La tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, que asiste a 20.000 personas con $600.
• La tarjeta del “Hambre Cero” para 7.000 usuarios que pueden comprar comida por $300 más tickets de verduras en las ferias francas y el Mercado Concentrador.
• Y la tarjeta para las comunidades mbya, que maneja la Jefatura de Gabinete, por $600 para 3.236 beneficiarios.
