Falta una semana para el reinicio de la campaña electoral rumbo a las presidenciales del 27 de octubre. Serán 56 días hasta el momento de la votación. Un largo camino de ocho semanas para el delicado momento que atraviesa la Argentina en varios aspectos: económico-financiero, social, laboral, gubernamental y político.
El contundente resultado de las PASO del 11 de agosto, dejó más debilitado al Gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio que eligió a Mauricio Macri como el candidato a la reelección. ¿Cómo hará campaña el Presidente si tiene tantos frentes de gestión abiertos sin poder resolver?
Ese es el reclamo de la oposición, de algunas instituciones y hasta de los mercados: que afirme su rol institucional por sobre las aspiraciones políticas, porque sigue siendo el que gobierna. Lamentablemente, lo hace sin un plan desde que asumió y ahora demuestra que no tiene uno siquiera para la contingencia.
Esto es lo que genera incertidumbre, desconfianza en el Gobierno. Más aún con las últimas medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza respecto a los acreedores que tiene la Argentina: desde los ahorristas, los fondos de inversión hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hasta la Iglesia Católica salió, hace pocas horas, a pedirle a Macri la declaración de la emergencia alimentaria del país. Algo que Roberto Lavagna le había reclamado un día antes, al opinar sobre las medidas pos-PASO de la Nación.
Sin embargo, mezclado con la campaña, el Gabinete apunta sus críticas y carga culpas al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien sigue siendo solamente un candidato para la sociedad y el principal rival político del oficialismo. Tal vez por la falta de respuestas que tiene Macri para sacar al país de la situación a la que llegó, por sus medidas, es más fácil echar culpas a otros por fuera del Gobierno que hacerse cargo.
La soberbia como mecanismo de defensa ante la debilidad política, no suma, en momentos donde los argentinos esperan un salvavidas para no hundirse más en la emergencia.
La deuda interna
Finalmente Cambiemos admitió lo que tanto sostuvo la oposición y que por efecto de la emergencia se “blanqueó”: el país no puede pagar sus compromisos ni a corto ni a largo plazo (algo que no debe sorprender a nadie a esta altura de los acontecimientos). Especialmente los que tiene en dólares, ya que los pocos que dispone los está volcando a frenar una escalada mayor de la cotización diaria. Mientras que, a la par, se sigue fugando cientos de millones semanales al exterior.
Pero, para postergar los pagos de los vencimientos, no se eligió -una vez más- el mejor camino con los tenedores de la deuda argentina. En lugar de negociar y acordar plazos -que seguramente los mercados financieros hubieran aceptado, porque a nadie le interesa que Argentina se derrumbe más de lo que ya está afectada-; el Gobierno impuso términos diferentes a los pactados en bonos y letras, de manera unilateral. Por eso estamos en default.
La medida la impuso a un grupo de los acreedores del país, por lo cual, hay calificadores que ponen su nota de “default selectivo”. Esta discriminación podría generar una ola de reclamos judiciales de los “holdout argentinos”, a los que se cambió un acuerdo económico.
¿La desconfianza es solamente de los mercados? En la última semana quedó claro que no. Quienes pasaron por los bancos, vieron presentes más ahorristas de los habituales, a pedir el retiro de sus cajas fuertes y cuentas, por el fantasma del 2001 que nos sigue acechando a casi dos décadas. La respuesta que dieron los empleados bancarios no aportó calma a sus clientes, ya que pedían anotarse en una lista de espera para concretar la entrega de dólares.
Para contener la liquidez en el sistema bancario, el Banco Central obligó a las entidades financieras y bancos a pedir permiso expreso para poder sacar del país utilidades a sus casas matrices. Esta medida fue la primera que tomó Guido Sandleris, presidente del BCRA, de control de capitales para contener la fuga masiva en tiempos de crisis.
Principio del fin
“El principio del fin” se llama el último informe del BNP Paribas sobre la Argentina, en el que anticipó que el Gobierno terminará imponiendo un cepo para contener la masiva fuga de capitales que prevé.
En el mismo se sostuvo que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central sólo llegan a 15.100 millones y que una corrida de tal envergadura, podría derivar en un control a la salida de capitales y a la compra de divisas. En el documento se llega a esta conclusión, a raíz del salto del ratio de endeudamiento en dólares, que tornó insustentable el pago de los compromisos del país.
“El reperfilamiento no soluciona el problema de la solvencia intertemporal de la deuda pública argentina, que es más del 110% del PBI. Para volver a un camino sustentable además de la extensión de los vencimientos, se necesitará también una quita. Cualquier oferta tendrá que eliminar la mayor cantidad de riesgo de incumplimiento posible en el futuro”, afirma el informe.
Esos datos hace meses que los principales economistas del país lo vienen advirtiendo. Incluso Carlos Melconian (expresidente del Banco Nación de Macri), quien estuvo reunido días pasados con Alberto Fernández. También José Piñeiro Iñiguez, exvicepresidente del Citibank, en reiteradas oportunidades a PRIMERA EDICIÓN.
En su última entrevista, incluso, Piñeiro Iñiguez anticipó a mediados de agosto el ingreso al default que los mercados vieron más claramente que el Gobierno.
“Argentina está en un default potencial porque no puede asumir los compromisos que tiene. Para tener una idea del producto de esta devaluación, Argentina va a terminar 2019 con un coeficiente de deuda externa versus PBI de aproximadamente el 115-120%. El límite máximo óptimo de ese coeficiente es 50%. Ese solo número te advierte que vas a tener problemas en el futuro, un problema para generar los recursos necesarios para pagar los compromisos que, a fines de 2020, 2021 y 2022 son absolutamente imposibles de cumplir en el estado de la Argentina de hoy”, dijo el MBA de Harvard.
Luego de una semana frenética para los mercados, el Banco Central analiza profundizar su estrategia para intentar poner un freno a la escalada del dólar, que finalizó agosto por encima de los $62 y con un incremento acumulado de casi 38%. Mientras se sigue esperando decisión del FMI sobre el nuevo desembolso del préstamo tras la revisión de cuentas de los técnicos.
El viernes circuló la versión que se pondrían unos 5 mil millones de dólares el lunes para venta de divisas, una estrategia que supo aplicar el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger. Si se concreta, impactará de manera negativa en las reservas, que sólo el viernes experimentaron una marcada caída de casi US$ 2.000 millones.
Finalmente este lunes, el Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de ley para refinanciar la deuda local y negociar una salida con los acreedores externos. Desde el bloque de senadores del PJ advirtieron que, difícilmente, se pueda convalidar desde la oposición una toma de deuda récord y las medidas siguientes, cuando las tomó Cambiemos en soledad sin escuchar sus críticas, especialmente en lo que respecta al préstamo del FMI.
Bajada de línea
Además de firmar el pedido de inconstitucionalidad de la suspensión del IVA a la canasta básica y la rebaja de Ganancias que impacta en la coparticipación mensual de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua reunió a su Gabinete para dejar en claro líneas políticas de su mandato hasta diciembre.
“No voy a abundar respecto a la tremenda crisis que atraviesa el país. Debemos seguir siendo muy responsables con el manejo del gasto. Tenemos una provincia ordenada, es cierto, pero eso no significa dejar de profundizar las medidas de austeridad. Son tiempos muy difíciles, y debemos trabajar para que Oscar (por Herrera Ahuad, gobernador electo) reciba una administración que le permita orden y previsibilidad”, dijo.
Mientras que en el plano partidario, “Iremos con doble boleta corta: La de nuestros candidatos a diputados nacionales y la de Alberto Fernández, en la fórmula presidencial”, les indicó. Hay diálogo permanente de la cúpula del Frente Renovador con los armadores del eventual próximo Gobierno, proponiendo nombres e ideas, y buscando que la eventual transición se realice de la manera más normal posible.
“No porque se pretenda ocupar algún cargo del próximo Gabinete, ya que sería egoísta, sino por la preocupación de cuidar los recursos de la provincia. Porque cuando hay una crisis, la Nación lo primero que hace es recortar los fondos de las provincias, como ocurrió después de las PASO, que Macri modificó IVA y Ganancias reduciendo más de 50 mil millones de pesos la coparticipación a los gobernadores, pretendiendo que los gobernadores paguen los errores del modelo nacional”, explicó un referente del oficialismo sobre la relación del “misionerismo” con el Frente de
Todos de los Fernández.
Ahora, entre ambos sectores, trabajan en la llegada el próximo sábado 7 de septiembre de CFK a Posadas para presentar “Simplemente”, en coincidencia con el inicio de la campaña electoral.
