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Misiones perderá 1.060 millones por las medidas económicas de Macri

17 agosto, 2019
DATOS OFICIALES. El Consejo Federal de Impuestos, que integran todas las provincias, evaluó cuánto perderán por estas medidas.

Las medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri después de la derrota electoral en las Primarias del 11 de agosto le dejarán un agujero negro a la provincia de Misiones de 1.060 millones de pesos desde agosto hasta diciembre.

Es que la Nación disminuirá su recaudación en tres componentes impositivos que se coparticipan a las provincias: Ganancias, Monotributo y el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Recortando la recaudación, el monto que se reparte a las provincias por coparticipación caerá. El total que dejarán de recibir las 24 jurisdicciones asciende a 51.800 millones de pesos hasta diciembre.

Con las medidas anunciadas el gobierno de Macri pretende aflojar el ajuste sobre la población y reducir el peso de la inflación sobre los precios, para recuperar el romance con los electores y, de esta manera, revertir el resultado del domingo en las elecciones generales del 27 octubre.

Las medidas son suba del mínimo no imponible, baja de los anticipos de los autónomos en el impuesto a las Ganancias y eliminación del IVA en la venta al consumidor de artículos de la canasta básica de alimentos. Pese a la intención del Gobierno, especialistas coinciden en que la eliminación del IVA no se trasladará a las góndolas, es decir, no generará una disminución en el precio de los productos de primera necesidad (más información en página 4).

 

Los números de Misiones

En declaraciones telefónicas realizadas a PRIMERA EDICIÓN, el ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, explicó cómo será el impacto en Misiones de las medidas anunciadas esta semana.

“Los datos oficiales, al día de hoy, permiten proyectar que Misiones dejará de recibir por coparticipación alrededor de 909 millones de pesos entre agosto y diciembre por menor recaudación de la Nación”, señaló el contador y titular de la cartera de Hacienda.

A esto se debe sumar lo que dejará de recibir la Provincia por la eliminación del IVA a la Canasta Básica de Alimentos. “Serían unos 160 millones de pesos en este concepto, en el mismo período”, dijo el funcionario.

Por lo tanto, explicó que sumando todo “el total que dejará de recibir la Provincia se estima en 1.050 millones de pesos hasta diciembre, entre Ganancias, Monotributo y el IVA”. Señaló que el impacto más suave será el IVA porque “solamente se desgrava el último eslabón de la cadena de comercialización”. “Los otros eslabones de la cadena, principalmente en la producción, seguirán tributando”, aclaró.

 

Malestar de las provincias

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, manifestó que no hay forma que la Nación haga una reducción de recaudación que no tenga impacto negativo en el funcionamiento de la economía de las provincias. El funcionario asegura que Santa Fe dejará de recibir 2.535 millones de pesos de coparticipación por estos cambios que aplicó la Nación y que esa suma “representan para Santa Fe todo el superávit del año 2018″.

El funcionario remarcó que la decisión fue unilateral y de mayor costo para las provincias que para el Gobierno nacional porque las 24 provincias, y consecuentemente los municipios, son quienes más pierden.

Por su parte, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, también cuantificó en un monto superior a los 1.020 millones de pesos lo que esa provincia resignará en concepto de fondos coparticipables presupuestado para los próximos cuatro meses, a partir del paquete de medidas que dispuso el Gobierno nacional ante la crisis generada en el país.

“No se informó de absolutamente nada a las provincias desde el Estado central acerca de esta sensible merma de recursos. Nadie lo advierte, es algo que afecta a todas las jurisdicciones argentinas, y es que a partir de no percibir el IVA se afecta la coparticipación y algo tan fundamental que deteriora las arcas provinciales no lo señala el presidente Mauricio Macri ni sus colaboradores”, dijo muy crítico.

“Lo anunciado por el presidente Macri en cuanto a medidas de emergencia, en el caso particular de Formosa significa una poda de 1.020 millones de pesos por ingresos coparticipables que ya teníamos contemplado para los próximos cuatro meses”, cuantificó el ministro.

Por último advirtió acerca de “la falta total de credibilidad y poder político después de lo que ocurrió en las PASO ante cualquier medida que adopte el Gobierno nacional” e insistió en que “indudablemente el costo fiscal hoy lo están soportando en mayor medida las provincias y los municipios”.

 

Un castigo de $51.800 millones

COPARTICIPACIÓN. Misiones aporta tres veces más de lo que recibe.

El paquete de medidas de Mauricio Macri para enfrentar el cachetazo electoral y el impacto de la posterior escalada del dólar castiga de lleno a las provincias, que sólo por ese primer anuncio estiman que resignarán unos $51.800 millones en lo que queda del año en remesas de coparticipación y de asignación específica.

El malestar entre los gobernadores es fuerte, frente a una decisión -afirman- “unilateral” de la Casa Rosada, que los azota con fuerza pero sobre la cual no fueron consultados.

“Si no hay eco, verán qué hacen los gobernadores”, deslizó un funcionario provincial a este Diario, consciente de la fuerte preocupación que pesa sobre los mandatarios.

Ese monto de brutal tijeretazo en los envíos de coparticipación es el que manejan los titulares de las carteras económicas de las provincias, y refleja en rigor sólo el rebote de la primera tanda de medidas, las del Decreto 561/2019, que achica la torta de coparticipación a repartir:
• por la suba del 20% del piso y la deducción especial del pago del Impuesto a las Ganancias, los gobernadores cederán hasta fin de año unos $40 mil millones.
• por la reducción del 50% en los anticipos de los autónomos hasta fin de año, resignarán unos $10 mil millones y
• por la exención del pago del componente impositivo de septiembre para monotributistas, dejarán de percibir unos $1.800 millones.

El impacto es directo, ya que el 100% del Impuesto a las Ganancias se coparticipa, mientras que la distribución en el rubro del monotributo es de 30% a las provincias y 70% a la ANSeS.

Pero la resignación de recursos en esas remesas será mayor, de la mano de la confirmación por parte de la Casa Rosada de la eliminación del IVA en alimentos esenciales de la canasta básica, que también se coparticipa, hasta fin de año. El ministro de Producción y Trabajo nacional, Dante Sica, confirmó que la decisión tendrá un costo fiscal de $10 mil millones.

El IVA se coparticipa a las provincias en un 89%, mientras que el 11% va a la Seguridad Social.

El retroceso que sufrirá la coparticipación, en plena campaña hacia los comicios nacionales del 27 de octubre y hacia un ramillete de seis elecciones provinciales, viene a agravar un escenario marcado por la desaceleración de los envíos automáticos nacionales y de las recaudaciones provinciales, respecto de la inflación.

Tags: CoparticipaciónMisiones
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“El costo fiscal de las medidas nacionales recae sobre las provincias”

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Afirman que eliminación del IVA no bajará precios en góndola

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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