El pedido fue formulado por la fiscal penal 3 de Salta, Verónica Simesen, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de activos y narcotráfico por parte del religioso, que es el creador del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista.
La solicitud surgió luego de la publicación del lunes 29 de julio de un informe en Todo Noticias titulado “La Virgen de Guadalupe, el nexo entre El Chapo Guzmán y un cura argentino acusado por abuso”.
La fiscal tomó como “notitia criminis” la publicación, que entre otros aspectos sostiene que “un ex religioso integrante de la congregación, que vivió en México donde el instituto tiene varias sedes, confirmó que grupos de narcotraficantes del cartel de Sinaloa les pedían a Rosa y a los miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes”.
Además, ese informante reveló que “un famoso jefe narco estuvo a punto de pagar la reparación del techo de un convento justo antes de ser arrestado en el 2014” y dijo que “la reparación entera salía como cincuenta mil dólares. Un día nos iba a entregar la plata y el anterior lo detuvieron. Y ahí me enteré de que el señor era nada menos que el Chapo Guzmán”.
A la vez, contó que viajó “a la Argentina llevando treinta mil dólares”, y que otros “hermanos llevaban dinero escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe, en los bolsillos, en la ropa interior. Siempre estaban trayendo plata”.
El 17 de julio pasado, el capo narco mexicano fue condenado a la pena de prisión perpetua por el juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, acusado de traficar 1.213 toneladas de drogas a Estados Unidos y de haber cometido distintos crímenes.
Simesen y la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Cecilia Flores Toranzos, reformularon el 11 de julio pasado el pedido de elevación a juicio en la causa que involucra al suspendido sacerdote.
Para ello, contaron con el aval del procurador general de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó con su firma los argumentos esgrimidos por las fiscales.
Rosa Torino está acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser el autor ministro de culto reconocido”, en perjuicio de dos ex novicios de su congregación y de “abuso sexual simple” en perjuicio una mujer. La imputación por esos delitos fue confirmada por la jueza de Garantías 1, Ada Zunino.
Las fiscales reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio pasado, cuando el juez de la sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nula la elevación a juicio.
Simesen y Flores Toranzos dejaron constancia que no comparten los fundamentos de Figueroa y precisaron cómo se inició la causa, las declaraciones de las víctimas y de testigos, y las razones por las cuales se atribuyó Rosa Torino la comisión de los delitos que le imputan.
En el requerimiento, las fiscales expresaron que, según consta en un informe del Arzobispado de Salta, Rosa fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incorporado allí hasta 2009, cuando se aprobó la creación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista.
Rosa creó varias sedes del instituto en el interior de Salta, en otras provincias y en Chile, México y España.
A instancias del Arzobispado, en 2015 el Vaticano dispuso la intervención de la orden y se le suspendió la licencia para ejercer el sacerdocio.
Fuente: agencia de noticias Télam.
