A través de la Resolución 511/2019 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural “a efectuar la recolección de información y testimonios respecto de posibles violaciones de Derechos Humanos que ocurran o hubiesen ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, que pudieran aportar ciudadanos venezolanos residentes en la República Argentina, y que resulten relevantes para una eventual remisión de estos a los organismos internacionales competentes”.
En el texto de la norma también se señala que el área a cargo de Claudio Avruj estará encargada del “acompañamiento de las presuntas víctimas”: en esa tarea también participará el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid).
La Casa Rosada advirtió sobre “la grave situación de presuntas violaciones a los derechos humanos que atraviesa” Venezuela y subrayó que, de acuerdo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas `no han tenido un acceso efectivo a la Justicia y a una reparación adecuada´”.
Asimismo, destacó que un informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis ALMAGRO, concluía en mayo de 2018 que “los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad“.
El Gobierno señaló que entre 2014 y mayo de 2019 recibió 153.642 pedidos de radicación de ciudadanos venezolanos.
“Vale destacar que la experiencia argentina demuestra la importancia que reviste el testimonio de las víctimas para la reconstrucción de la verdad histórica y su valor en términos probatorios en procesos judiciales, lo cual no es más que el pilar fundamental para la concreción de los principios de Verdad y Justicia”, remarcó la Casa Rosada.
En el texto oficial también se estableció que Avruj invitará a “los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil cuya actividad pueda aportar a la mejor concreción del objeto de la resolución a participar con el alcance que resulte pertinente, como observadores“.
Fuente: agencia de noticias NA.
