Este miércoles el defensor del Pueblo, Alberto Penayo; la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, y el diputado Roque Gervasoni, estuvieron con los vecinos y les explicaron los alcances de la Ley Provincial XII N° 35, cumpliendo las condiciones que establece el art. 6, de censar a los habitantes, junto al personal de IPRODHA y Municipalidad.
Dicha ley suspende las sentencias de desalojo hasta el 31 de diciembre del 2019. Gervasoni aclaró que “hace más de 50 años viven acá, tiene un derecho adquirido. Hay una historia. Estamos pidiendo a los jueces que ejecuten esa ley”.
Por su parte, Penayo explicó “aquí se unifican dos aspectos de gestión de gobierno. Una ley que se crea y una ejecución que debe darse. La Defensoría juega un papel significativo, ya que nos interesa que las leyes con garantías constitucionales se cumplan”.
Y definió “el registro no soluciona la regularización de las tierras, sólo posterga el desalojo y evita que se violen sus derechos” .