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Grupo z: denuncias por descuentos indebidos con nombre y apellido

24 marzo, 2019
LAS PRUEBAS. La denuncia pública, la queja en el Libro de Quejas y el ticket que comprueba la carga de saldo de la denunciante.

Yesica Brizuela, una mujer de 30 años que trabaja y estudia, que vive en el barrio Santa Lucía de la capital misionera, denunció que al subir a una unidad del grupo z le debitaron de su SUBE dos veces el pasaje y que realizó el reclamo a los empleados del monopolio. Pero, reveló que se negaron a devolverle el dinero.

La mujer se comunicó con PRIMERA EDICIÓN para dar a conocer su historia y advertir a otros usuarios que no se dejen perjudicar.
El hecho relatado por Brizuela ocurrió el 6 de marzo en la estación de transferencia de la avenida Quaranta. La propia protagonista relató paso a paso lo ocurrido: “Cargué saldo en la tarjeta y me acerqué al molinete para entrar a la terminal, pasó mi tarjeta pero no impactó porque el molinete no me permitió ingresar”, dijo la mujer.

“Acerqué nuevamente la tarjeta y recién ahí se abre el molinete pero me di cuenta que me descontó 40 pesos, que son dos pasajes”, explicó.
Dijo que inmediatamente realizó su queja a los empleados que estaban en el lugar. “Revisaron en la computadora y encontraron que me había debitado dos veces el pasaje. Le dije que me devuelvan la plata pero me dijo que tenía que ir a quejarme a la oficina del Shopping, en el centro”, contó.

Indignada por la situación y la pérdida de tiempo, igualmente se dirigió a esa oficina, abandonando las otras tareas que tenía para ese día. “Dejé mi queja asentada en el Libro de Quejas y me fui al centro. Pedí hablar con el encargado, me atendió un muchacho de barba y me dijo que la empresa no me iba a devolver el dinero porque nunca lo hace”, contó con bronca.

“Me puso un montón de excusas y me dijo que la empresa toma esa situación como si fuera un error del usuario por pasar dos veces la tarjeta pero la verdad es que, cuando pasé la primera vez, el molinete no se abrió por eso tuve que pasar la segunda vez”, explicó. Luego dijo que “ellos tienen toda la información, sabían que me debitaron dos veces, lo tenían asentado en el sistema”. “No sé para que tienen libro de quejas porque no sirve para nada. Ponen excusas y no te devuelven la plata”, se indignó.

Otra ola de quejas se generó en los primeros días de clases, cuando los estudiantes concurrieron a la estación de transferencia de la UNaM para gestionar la tarjeta SUBE. Varios usuarios se comunicaron con este Diario para relatar sus penurias y los perjuicios que sufrieron. Dijeron que nadie los escucha, ni el Gobierno ni la empresa.

La situación fue similar en todos los casos. Ocurrió que, para tramitar la SUBE, los usuarios debían ingresar al edificio de la terminal y la única forma de ingresar era pagando un boleto para que se abra el molinete y permita el ingreso.

Pero hubo usuarios que se fueron en su propio vehículo y no tenían pensado usar el colectivo porque sólo fueron a realizar el trámite, pero igual fueron obligados a pagar un boleto para entrar al edificio.

A pesar de la queja al personal de la empresa, el dinero nunca fue reintegrado, de acuerdo a lo contado por algunos perjudicados. Muchos estudiantes sufrieron la misma situación. Algunos se quejaron pero otros lo padecieron sin reclamo, posiblemente ya acostumbrados al maltrato.

El negocio de la SUBE local
Mientras que en muchos municipios del interior de Misiones y el resto del país se extiende el uso del SUBE Nacional, en Misiones, fundamentalmente Posadas, Garupá y Candelaria, los usuarios siguen siendo rehenes de una empresa que domina el mercado y el negocio sin permitir que el sistema adoptado por el país pueda llegar.

Para colmo, hay muchos beneficios que permite la SUBE nacional que los pasajeros del área metropolitana no pueden recibir porque nadie obliga al monopolio a cambiar el sistema.

Se impuso hace varios años una tarjeta “a la misionera” que nadie controla. A pesar del sistema electrónico, no tienen controlador fiscal de los organismos de recaudación.

Cabe destacar que la SUBE nacional es utilizable en todos los servicios de transporte público de pasajeros (colectivos, subte, tren), de las ciudades y provincias adheridas, como es el caso de la vecina ciudad de Corrientes y en varios municipios misioneros.

Pero no en Posadas porque el poderoso grupo impuso su propia tarjeta. No se permite la llegada del SUBE nacional y, tanto los vecinos como los turistas, se ven obligados a tener que tramitar el SUBE Misionero o bien pagar en efectivo el precio del boleto notablemente más caro. También hay dudas acerca de si los comprobantes que se emiten en los escasos puntos de carga son o no válidos como comprobante fiscal.

Beneficios de la SUBE nacional
Dentro de los beneficios vigentes para la tarjeta SUBE Federal se encuentra la Tarifa Social aplicada con ANSES, y se accede de manera rápida a descuentos especiales en comercios, al pagar peajes, entre otros.

Pueden pedirla los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo; Becas Progresar; Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen); Monotributo social; jubilaciones y pensiones; pensión Universal para el Adulto Mayor; pensiones no contributivas por discapacidad; pensiones no contributivas madre de 7 hijos; pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; personal de servicio doméstico. Tienen un 55% de descuento en siete provincias.

En Posadas, Garupá y Candelaria esos descuentos extra no existen. Por el contrario, muchos usuarios se quejan de descuentos dobles.

Tags: ColectivosGrupo ZReclamosSUBETransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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