Por fin, a partir del próximo lunes 11 de marzo los niños de la comunidad mbya guaraní Tacuarí, ubicada en Picada Zulma de San Vicente podrán ejercer su derecho de ir a la escuela.
La decisión de crear un aula satélite no fue sencilla para el Consejo General de Educación (CGE) porque está en curso un conflicto en la Justicia sobre la propiedad de esas tierras. De hecho, hay una persona que tiene título de propiedad de las mismas y reclama desde hace años el desalojo de los guaraníes.
Pero los guaraníes no están tan solos, en marzo del año pasado, el cacique de Tacuarí, Lucas Duarte, inauguró el edificio de la futura escuelita junto al intendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos y el presidente de la Fundación Compartir, Edgar Mazalay, organización que acompañó la construcción del aula que fue realizada por los propios guaraníes con tacuaras, madera, barro y cemento para el reboque definitivo, logrando así un método innovador, todos asesorados por la Fundación. La Fundación Compartir acompañó además la construcción de nuevas viviendas para las diez familias de la comunidad.
Los niños de Tacuarí debieron esperar un año con la escuelita cerrada, pero su puesta en marcha ya es un hecho. En diciembre pasado, el CGE aprobó por Resolución 7406/18 la habilitación de un aula satélite dependiente de la Escuela 374 que funcionará en la comunidad Tacuarí y afectó allí a un maestro de grado que antes estaba en otro aula satélite de esa escuela núcleo, Yoni César De Los Santos.
Intereses contrapuestos
El CGE debió sopesar la importancia de dos intereses y derechos contrapuestos: por un lado el reclamo de la comunidad Tacuarí que reclamaba el servicio educativo en el lugar que actualmente ocupa y, por otro, del hombre que tiene el título de propiedad de esas tierras que además intimó al Consejo se abstenga de realizar construcciones.
No obstante, pese a ello y avalado por el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales del CGE, la Resolución 7406 consideró que la puesta en marcha del aula satélite no significa que “el CGE ni la comunidad aborigen adquieran derechos reales sobre el inmueble donde funcionan provisoriamente y de introducirse muebles escolares o construirse mejoras para su funcionamiento, serán provisorias y sólo para dar clases en comodidades aceptables”.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el presidente del Consejo General, Mauricio Maidana, se requirió a esta cuestión, “este fue un conflicto muy grande en San Vicente que involucró una comunidad mbya que reclamaba el derecho a la educación de sus niños y un propietario de la tierra que está en pleno juicio para desalojarlos. El CGE estaba en la disyuntiva sobre qué hacer en este caso porque la escuela es muy necesaria pues hay cerca de 20 chicos que no iban a clases. Nos asesoramos jurídicamente sobre el tema antes de tomar una decisión, pero el derecho de la educación está por encima del conflicto de tierras. Nuestra postura es que la Justicia resuelva el conflicto de tierras, mientras tanto nosotros garantizamos el servicio educativo”, aseveró.
Un buen precedente
Una de las que más celebró la Resolución del CGE fue la ministra de Derechos Humanos, Lilian Marchesini, pues advirtió que sienta un precedente importante en este tipo de conflictos.
“Nosotros nos habíamos reunido con el cacique quien nos planteó el pedido de la escuela y la verdad es que eso generó una búsqueda jurídica para dar respuesta a esta comunidad. El Estado debe garantizar el derecho del niño a la educación y esto está por encima de un conflicto de tierra donde está en juego el derecho patrimonial”, indicó la Ministra.
También en la comunidad guaraní Andrés Guazurarí, ubicada en Puerto Libertad, que mantiene conflictos por la tierra con la multinacional Arauco, el Gobierno priorizó el derecho de los niños a la educación.
Según recordó Marchesini, “en esa comunidad, en vez de crear un aula satélite, llevamos a los maestros para que den clases. Estos son conflictos que forman parte de debates estructurales que debemos darnos comos sociedad, es decir si se puede negar el acceso a servicios básicos a las familias que están en situación irregular de tierras”, advirtió.
Deuda pendiente
Maidana admitió que el sistema educativo tiene una deuda pendiente con las comunidades guaraníes.
“El tema es que el sistema operativo educativo choca con la idiosincrasia del guaraní que es un pueblo que está permanentemente migrando porque es parte de su cosmovisión. El problema es que, según el Estatuto, cuando un docentes es titularizado es muy difícil moverlo de ese cargo y por eso nos cuesta mucho ‘seguir’ a las comunidades”, reflexionó.
No obstante, indicó que a partir de 2018 empezamos a mandar maestros de Nivel Inicial a las comunidades y estamos escolarizando por eso subió un poco la tasa.
