El hombre de 38 años detenido tras una seguidilla de denuncias en su contra por exigir dinero a cambio de adjudicaciones o ventas directas de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), podrá recuperar la libertad supeditada a la causa a cambio de cubrir los 200 mil pesos de caución que le fijó el juez que instruye el expediente.
La decisión tomada por el titular del Juzgado de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, se conoció este jueves por la mañana, pero hasta la tarde en mesa de entrada no se presentó ningún aval por parte de la defensa del imputado por “estafas”.
De las casi 60 víctimas que se presentaron a denunciar el engaño por el que les habrían birlado un promedio de 15 mil pesos a cada uno, sólo 29 hasta ayer ratificaron su posición.
En cuanto a la investigación por “cohecho”, se adelantó que estaría descartada la figura ya que el denunciado no es funcionario público, es decir, no pertenecía al IPRODHA y no guardaba ningún tipo de relación con el ente estatal.
De acuerdo a lo publicado por PRIMERA EDICIÓN, la maniobra consistía en montar un grupo de supuestos gestores y hacerles creer a las víctimas que, mediante el pago ‘extraoficial’ de determinado monto de dinero, podían agilizar el expediente de entrega de viviendas porque sus “contactos” eran influyentes y determinantes para las adjudicaciones “rápidas o en el acto”.
Eran verdaderos simuladores. Las víctimas aseguraron que las citaban, por ejemplo, frente a Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio, donde entraban y salían vestidos de traje, cual si fuera su casa.
“El adelanto”
Con respecto al detenido, domiciliado en Villa Cabello, efectivos de Investigaciones lo apresaron fuera de un conocido mayorista emplazado sobre avenida Fernando “Tulo” Llamosas -exruta nacional 12- y Domínguez, hasta donde había llegado para cobrarle “el adelanto o primera cuota” a una nueva víctima.
Una vez conocida su aprehensión, las denuncias decantaron rápidamente y, de manera excepcional, se estableció que se realizaran ante la Unidad Regional I de Policía para que se unifiquen y transfieran al Juzgado de la avenida López Torres.
Continúa abierta la investigación en torno a establecer si existen otros involucrados y sus posibles nexos con funcionarios del Estado provincial que oficien de “padrinos”.
