“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida”, señala la propuesta que impulsa Castello.
Asimismo, el legislador bonaerense de la Coalición Cívica argumentó que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.
El proyecto contempla también sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes: “Las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”, propone la iniciativa.
De todos modos, el proyecto admite el supuesto de que se revierta la suspensión “si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.
“El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes, pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito“, sostuvo Castello, en un comunicado de prensa.
“Los argentinos somos rehenes de los piqueteros. Se han adueñado del espacio público”, agregó el legislador.
Fuente: Agencia de Noticias NA
