La historia de por qué se termina en un DNU es más que conocida. En el Congreso nacional el proyecto nunca se convirtió en ley tras haber recibido aprobación del Senado en agosto de 2018 pero sin el mismo trámite en Diputados por falta de acuerdo entre oficialismo y oposición.
Entre los socios de la alianza gobernante hubo expresiones de apoyo a la medida. Pero en el ámbito jurídico se abrió un interrogante sobre la constitucionalidad del decreto (todo DNU se convierte en polémico hasta que el Congreso lo ratifica o deja sin efecto).
De hecho, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, admitió que “la impugnación que se podría plantear tiene que ver si uno entiende que esto avanza sobre la naturaleza penal, pero claramente como hemos marcado, se trata de una reglamentación que avanza sólo sobre la materia civil, que es una materia por la cual el Poder Ejecutivo está autorizado constitucionalmente”.
Roberto Carlés, alguna vez propuesto como miembro de la Corte Suprema y actual secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología como, a la vez, presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal, fue muy duro a través de su cuenta de Twitter: “Modifican el Código Penal por decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. Alguien en el Gobierno debe saber o intuir que es inconstitucional. Más humo para la campaña, entonces”.
A pesar de la feria judicial, si el Gobierno decide avanzar en estos meses sobre el recupero de fondos que se propone la medida de Macri, siempre existe la posibilidad de un primer planteo que seguramente deberá definir la Corte Suprema. Allí se sabrá, efectivamente, si estamos ante una verdadera reforma o un intento que deberá esperar ser ley.
