El mismo crea un sistema de medidas socioeducativas y disciplinarias hacia los adolescentes, dispone la atención de equipos interdisciplinarios y establece su formación y capacitación laboral en miras a una futura inserción social del joven.
El texto precisa que podrán imponerse al adolescente medidas socioeducativas (de orientación o supervisión periódica del equipo interdisciplinario, asistencia a programas educativos) y disciplinarias (como amonestaciones, resarcimiento del daño causado y prohibición de concurrir a determinados lugares como espectáculos o bien de relacionarse con determinadas personas).
En cuanto a las medidas privativas de la libertad contempla la privación domiciliaria de la libertad, la privación de la libertad durante el fin de semana, la privación de la libertad en centro abierto y la privación de la libertad en centro especializado de detención.
Establece además que el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa de la libertad se ejecutará en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos, cuyo personal deberá recibir capacitación periódica.
En ese sentido, precisa que los equipos interdisciplinarios que funcionarán en esos centros estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa, uno de los integrantes deberá ser trabajador social.
Estableces además que los adolescentes tendrán derecho a recibir formación y capacitación laboral en miras a una futura inserción social y laboral. Se brindará una amplia oferta de cursos y talleres que permita al adolescente elegir entre aquéllos de acuerdo a sus intereses y capacidades.
El proyecto contempla además el acompañamiento individualizado de cada joven en el marco del Plan de Seguimiento Integral, que estará a cargo de un referente de seguimiento, quien deberá garantizarle una transición gradual y acompañada hacia la vida autónoma.
Finalmente el texto prohíbe, entre otras cuestiones, cualquier medida de coerción procesal sobre los niños y niñas que estén por debajo de la Edad Mínima de Responsabilidad Penal (EMRP), “por lo que nunca más podrá haber jóvenes inimputables institucionalizados”, se aclara en la presentación.
Y se aclara que el proyecto “no implica una baja de edad sino la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil homogéneo a nivel federal que permita hacer responsables a los adolescentes de 15 años únicamente por los delitos más graves”.
Fuente: Agencia de Noticisa Télam
