Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 7/2019 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado por la cual el Gobierno nacional decidió afectar un terreno de 100 metros por 100 metros, ubicado en el barrio Riberas del Paraná de Puerto Iguazú que será destinado a la instalación de una torre para el funcionamiento de un sistema de vigilancia en la zona de la Triple Frontera.
El terreno en cuestión se encuentra en la calle Río Paraná, del barrio homónimo, y hasta ahora estaba en jurisdicción del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, con una superficie total aproximada de 100 metros cuadrados.
Mediante esta resolución pasará a manos del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
“Corresponde desafectar de la jurisdicción del Ministerio del Interior el sector del inmueble mencionado en el considerando primero y asignarlo en uso al Ministerio de Seguridad a fin de ser destinado a la instalación de una torre de vigilancia para el funcionamiento de un sistema de vigilancia en la zona de la Triple Frontera”, describe el documento.
La resolución agrega que “de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad con el objeto de verificar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, surge que se encuentra subutilizado y en desuso”.
Asimismo, esta decisión se enmarca el el proyecto del Ejecutivo Nacional “de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.
Según averiguaciones de PRIMERA EDICIÓN, la novedad no fue comunicada en forma oficial a ninguna autoridad municipal, por lo tanto, no se tiene información detallada de las actividades que realizarán en esa torre, más allá del escueto informe de la Resolución.
La Triple Frontera en la mira
La ministra de Seguridad dejó en claro en varias ocasiones que para el Gobierno de Macri es una meta mejorar la seguridad en la Triple Frontera y sugirió en varias oportunidades la presencia de células de financiamiento al terrorismo, aunque nunca pasaron a ser más que una hipótesis.
El año pasado se desató una fuerte polémica cuando se conoció que Bullrich estableció acuerdos con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, para incrementar su presencia en Argentina y abrir cursos de capacitación para fuerzas federales y policiales de Misiones en los Estados Unidos con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.
Esta decisión se suma a un acuerdo de cooperación con el FBI, que también realizó Bullrich durante su viaje, para capacitar a los agentes de la Policía Federal. “Este compromiso incluye más analistas que nos ayuden a analizar de dónde viene la droga”, afirmó la funcionaria sobre la reunión que mantuvo con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Robert Patterson.
Escuchas en las provincias
Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la Policía Federal a realizar escuchas telefónicas en las provincias para combatir delitos graves y narcotráfico. Se encamina a hacer lo mismo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).
La medida sobre este tema, sensible por la historia negra del espionaje político en la democracia argentina, causa preocupación en las provincias, principalmente en aquellas que no son propias de Cambiemos y donde los gobiernos se jugarán una patriada electoral durante este año.
Los funcionarios vinculados a las fuerzas de espionaje conocían desde septiembre pasado que esta medida iba a salir en enero de este año. Y la versión que rápidamente se instaló hacía referencia al “uso político” que harán las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich con este nuevo poder.
