Así lo confirmó el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, a través del jefe de Gabinete de la cartera, Martín Casares, quien señaló que el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura del oficialismo, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente.
“El proyecto que ya estaba terminado hace varios meses ha ido evolucionando y generando nuevos consensos. El proyecto original proponía un concepto mas duro”, reconoció el funcionario en diálogo con el canal TN.
La iniciativa del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.
Según trascendió, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, le dio el visto bueno a Garavano para que la edad quede en 15 años.
La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar.
“En este tipo de reformas se trata de generar consensos para poder avanzar y tratar que el debate que se va a tratar en el Congreso, esperamos que durante febrero en sesiones extraordinarias, se pueda llegar a una ley con la mayor cantidad de apoyo posible de la oposición“, explicó Casares.
El proyecto contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años.
La iniciativa contemplará un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.
Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.
Según precisó Casares, los adolescentes de 15 años que reciban una condena de prisión en ningún caso compartirán encierro en establecimientos carcelarios con adultos, ya que lo que se busca es que el Estado tenga “una respuesta especializada”.
Fuente: Noticias Argentinas
