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“Boletazo”: ante usuarios y funcionarios, el Grupo Z pidió un boleto de $60

28 diciembre, 2018
OTRA VEZ. Los usuarios, por segunda vez en el año, rechazaron la voracidad de los empresarios de transporte.

Con un salón colmado, se desarrolló ayer una nueva audiencia pública para conocer las posturas que tienen diferentes sectores frente al pedido de un nuevo boletazo que regirá desde la semana que viene, cuando comience el año nuevo.

Paralelamente, en el centro posadeño, hubo movilización para repudiar cualquier incremento en las tarifas que se defina en el Sistema Integrado de Transporte que maneja el Grupo Z en Posadas, Garupá y Candelaria.

Con el feriado del lunes y la urgencia de definiciones, ya que la quita de subsidios del Ministerio que maneja Guillermo Dietrich rige desde el martes que viene, hoy podrían conocerse los instrumentos legales que definan las nuevas tarifas.

Dura audiencia pública

En el Centro de Convenciones, los usuarios y referentes políticos y sociales rechazaron enfáticamente la inminente suba del boleto. Fue la reacción al escuchar al representante de Empresarios Unidos del Transporte Automotor, que lidera el monopolio, quien pidió cubrir una tarifa técnica calculada por ellos en base a sus números de $60.

A diferencia de otras oportunidades, la Municipalidad capitalina hizo uso de la palabra a través del director General de Transporte, Iván Lambert, quien leyó una nota enviada por el subsecretario de Transportes de la provincia, René Kegler, en la cual se confirmó que “el Gobierno de Misiones otorgará a las empresas unos $323.536.715 el año que viene”, para compensar la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros.

En ese momento se pudo saber que Nación enviará un fondo compensador de unos $221.099.400. No obstante, según Transporte, las empresas dejarán de percibir $211.436.174.

“En función de las 36.853.858 validaciones anuales del Sistema de Transporte de Pasajeros de la ciudad de Posadas, el impacto de la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno nacional, aún a pesar del aporte de la provincia es de $5,74 por boleto”, afirmó Lambert a la audiencia que esperó información.

Seguidamente, contó cuánto percibieron las empresas concesionarias del transporte de pasajeros desde el Estado nacional.

Las empresas recibieron en el año 2018 en concepto de subsidios, según base a datos oficiales publicados en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, más de $63 millones mensualmente. La suma anual de los subsidios por los tres conceptos da un importe anual mayor a los $756 millones”, reveló Lambert.

El funcionario posadeño detalló que los tres subsidios que embolsaron las empresas hasta diciembre, además de la recaudación de los boletos y subsidios por el BEG y “gratuidad para la tercera edad” fueron: Sistema Integrado de Transporte Automotor (SITAU) y su Compensación Complementaria Provincial (CCP); más los montos de pesos representativos a los cupos de combustibles asignados en el marco del Régimen de gasoil a precio diferencial”.

En tal sentido, “las empresas recibirán de parte del Gobierno nacional montos inferiores a partir del 1 de enero de 2019, lo que queda evidenciado en la ley 27.467 de Presupuesto”, añadió.

En la respuesta brindada por Transportes a la comuna, se especificó que “la Provincia y la Nación firmarán un convenio nuevo, en virtud del cual se impone la inminente disminución de los subsidios nacionales. La Provincia se compromete a absorber, con recursos propios, los montos que la Nación indicará para el ejercicio financiero 2019 con la finalidad de atemperar el impacto del costo del pasaje, beneficiando directamente a los usuarios del transporte urbano de toda la provincia en sus tres modalidades: urbano, suburbano e interurbano”.

No obstante se desconoce cómo se implementarán los aportes a las empresas.

El primer orador, como sucede de manera habitual y sin límites de tiempo para exponer, fue el representante de los Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Facundo Zárate, quien aseveró que “la tarifa técnica da un valor de $60,95, por lo que necesitan una suba de $40 para cubrir el costo del servicios”.

Nosotros fuimos buenos y anticipamos lo que iba a ocurrir sin los subsidios nacionales. Con el valor actual el servicio es inviable. El boleto debe costar en un valor parecido a la tarifa técnica ($60,95)”, señaló.

Al igual que en ediciones pasadas, el representante de EUTA acompañó su exposición con diapositivas “ilegibles” para los presentes.

Para finalizar, Zárate indicó que “los empresarios vemos tres alternativas: aumento de las tarifas; de los aportes; o ambos, para garantizar el servicio”.

El vocero del Grupo Z estuvo por pocos minutos en el salón, ya que aprovechó la “catarsis” de los usuarios para escabullirse hacía la salida sin ser visto por los demás presentes.

El tercero en la lista fue el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, quien ratificó lo adelantado ayer por este Diario respecto a la implementación de un “cobro por tramo segmentada al recorrido que utilice el pasajero del transporte urbano a fin de eliminar el subsidio entre usuarios”.

También propuso “determinar una tarifa social, cuyo valor sea accesible. Y subsidiar a los usuarios que acrediten no poder abonar el boleto”. Además, Penayo pidió modificar los términos de la audiencia para que sea vinculante y no solamente una “instancia de expresiones” como lo es hasta ahora.

Bronca contenida

Tan sólo tres meses pasaron desde la última vez que los pasajeros de transporte repudiaron y rechazaron un “boletazo”. La última vez no tuvieron éxito y todo indica que, esta vez, tampoco la tendrán.

En total, se inscribieron 266 personas pero sólo 106 lo habían hecho como “oradores”. A último momento no se respetó la función de los presentes y muchos que fueron como “oyentes” terminaron pasando al frente para rechazar el aumento del boleto.

En total, fueron 60 las personas que se animaron a criticar el servicio dado por el Grupo Z.

También fueron varios los vecinos que solicitaron conocer los resultados del estudio elaborado por los técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) respecto al “valor real del boleto”.

El primero en hacer uso de los tres minutos oficiales fue el vecino Néstor Martínez, quien afirmó: “Cada vez que venimos a la audiencia pública chocamos contra una pared sin sentimientos. Escuchamos su lágrimas de cocodrilo, quejándose que no les alcanza la plata”.

Luego fue el turno de Nadia Bertoluzzi: “Es una aberración para todos. Ofrecen un servicio que no respetan. No tenemos seguridad en horario nocturno. Además, dónde se vio que una persona que apenas cobra $6 mil pueda pagar $4 mil por mes en concepto de boleto de colectivo”.

“No es viable, las personas carenciadas son los más perjudicadas por los aumentos. No tenemos 40 pesos para pagar un viaje”, indicó a su turno Leonel Forte.

La empresa no cumple como está estipulado pero, para pedir aumentos, son los primeros. Nos están masacrando a los pobres. Somos argentinos y necesitamos de todos”, afirmó María González, una jubilada que se hizo acreedora de los primeros aplausos del público.

“Esta suba del boleto es un ataque al bolsillo de los pobres”, sentenció María, casi al filo del timbre que marcó el tiempo reglamentario a los oradores de la larga lista de inscriptos presentes en el Centro de Convenciones.

Mariano Ríos fue uno de los que explotó de bronca. Se preguntó “¿No hay nadie que nos defienda acá?”. Y agregó que “ellos (por las empresas) piden un boleto de 60 pesos, dicen que la diferencia es de $40. ¿Adónde están los diputados y concejales de Cambiemos? Deben estar de vacaciones mientras nosotros estamos sufriendo por un boletazo”, exclamó.

La ausencia de referentes y funcionarios políticos fue muy reclamada por los oradores, en especial, de aquellos que están en la órbita del oficialismo nacional.

En el salón se pudo ver a los concejales posadeños Miguel Acuña, Anahí Reppeto y Manuel Sánchez (el único que se quedó hasta el final).
Varios usuarios se quejaron porque los representantes de Cambiemos no asistieron.

Cabe recordar que en la audiencia pasada, el edil Pablo Velázquez la pasó muy mal, siendo el “blanco” preferido de las críticas. Y su compañero de bancada, Maximiliano Florindo estaba inscripto pero no se presentó.

El Ejecutivo tiene ahora, como máximo, 45 días para definir la nueva suba.

Día de resoluciones

Durante la jornada de ayer, con los números y las posiciones explicitadas en la Audiencia Pública del Centro de Convenciones, en la Comisión de Seguimiento del Sistema Integrado -que preside el subsecretario de Transportes de la provincia, René Kegler-, admitieron que podría haber novedades en la jornada de hoy respecto a las nuevas tarifas para viajar en el Área Metropolitana.

Algo quedó en claro: habrá una suba del boleto desde el primer día de enero de 2019, con la excusa que será el momento en que la Nación aplicará el recorte de subsidios. Si se tiene en cuenta esa fecha “limite” del martes 1 de enero, efectivamente hoy será el último día hábil para la administración pública, teniendo en cuenta el asueto del 31.

Es decir que serán horas de afinar el lápiz y, especialmente, resolver qué impacto tendrá la medida en base al pedido del Grupo Z de aplicar una tarifa técnica de algo más de 60 pesos ante la eliminación de aportes nacionales.

Desde las comunas que integran el SITUM hicieron cálculos iniciales en base a la diferencia entre los subsidios que llegaron hasta diciembre y los que vendrían el año que viene. Si se toma como referencia el valor actual en Posadas (con SUBE $15 y sin SUBE $21) se calculaba un subsidio de $12 por pasajero hasta 2018

Iván Lambert, responsable de Transporte de Posadas, indicó en la Audiencia Pública que la baja de subsidios nacionales para 2019 rondaría los $5,74 por pasajero. Todo podría indicar que esa sería la cifra a elevar en adelante para el boleto mínimo en Posadas.

Sin embargo, la Municipalidad esperaba ayer un informe técnico pedido a la UNaM que no estaba disponible, para redactar los instrumentos legales del caso.

Y, probablemente, tampoco esté ese informe en la premura por resolver el nuevo cuadro tarifario. Las mismas fuentes consultadas anticiparon que, además de una suba en enero, no se descartan más incrementos en el resto de 2019 si se reducen más subsidios.

Tomás, en silla de ruedas

Se ubicó bien al frente del auditorio y, en menos de dos minutos, se ganó la ovación de todos los presentes. Tomás Mota, en silla de ruedas, reclamó “por los derechos de los discapacitados”, como dijo ante PRIMERA EDICIÓN.

“Le digo a los empresarios que por favor piensen en los discapacitados, en la vida todo gira y alguna vez le puede pasar a ellos”, precisó.

Mota dijo que “la mayoría no tenemos auto y tenemos que usar el colectivo. Es una vergüenza que no tengan rampas y necesitemos de tres personas para poder subir a un coche”.

Comentó que utiliza el servicio del transporte público todos los días y que, cada uno de ellos, es un desafío nuevo: “A veces tengo que dejar pasar varios colectivos porque no son adaptados para personas en sillas de ruedas, ya que la puerta está dividida con un hierro en el medio. Es una burla de los empresarios para nosotros, somos muchos discapacitados en Posadas”.

Tags: boletazoGrupo ZTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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