La Corte Suprema de Justicia desestimó hoy, por unanimidad, un recurso presentado por la senadora Cristina Kirchner en su camino a juicio en la denominada causa “Vialidad”, por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Se trató de un recurso de queja por un recurso extraordinario federal denegado presentado por la defensa de la ex presidenta, a raíz del pedido de la nulidad del sorteo por el cual se asignó al Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal en ese expediente.
“La defensa impugnó el rechazo al pedido de nulidad del sorteo por el cual se asignó el conocimiento de la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital Federal, a pesar de que dicho acto fue efectuado sin la presencia de esa parte, que lo había requerido oportunamente”, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En su resolución, el tribunal oral entendió que el sorteo realizado ante la Cámara constituía un acto administrativo, cuya impugnación no procedía por las vías establecidas en el Código Procesal Penal, aunque -en contra de ese fallo- la defensa dedujo recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio origen a la queja.
Los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti desestimaron ahora la queja por considerar que “no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la ex presidenta Kirchner y otros imputados por la denominada causa “Vialidad”, en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del Grupo Austral de Lázaro Báez.
Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral: también serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
El juez federal Julián Ercolini había elevado la causa a juicio oral el pasado 2 de marzo y por sorteo quedó en manos del TOF 2, con el fiscal Diego Luciani.
La ex presidenta está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.
Fuente: Noticias Argentinas
