Durante la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante obereño se aprobó la creación de un Banco de Tierras en la Capital del Monte. La ordenanza aprobada se basó en un proyecto del exconcejal Roberto Gutawski, al que se le incorporó un proyecto de la Municipalidad, junto al trabajo de una comisión integrada por los Concejales Héctor Antúnez Proeza y Luis María Vitelli.
En el proyecto se especifica que los fondos para el funcionamiento del Banco de Tierras Municipal, serán presupuestados y provistos por el Departamento Ejecutivo Municipal, para lo que se afectará una partida específica con un porcentaje de hasta el 1% del total del Presupuesto General de Gastos del Municipio que será destinado a la adquisición los inmuebles.
El vicepresidente del Concejo Deliberante, Luis María Vitelli destacó la aprobación del proyecto como un paso importante de calidad institucional de parte del Concejo Deliberante.
Además mencionó como importantes los dos programas de acceso a la tierra que son similares a lo que hoy realiza el IPRODHA, con un análisis socioeconómico de cada familia y de las necesidades habitacionales que hoy están teniendo, los ingresos que tienen y de esa manera establecer una cuota social para que el beneficiario acceda al lote, pero a su vez tenga el compromiso de pagar esa cuotita social (sic) y de esta manera junto con los estudios socio ambientales que se hacen, poder acceder a la tierra”.
Las tierras se destinarán a la construcción de viviendas sociales cuyo valor junto con el de las tierras deberá ser abonado por cada adjudicatario.
Como requisitos, cada uno de los beneficiarios deberá tener una residencia no menor a cuatro años en el Municipio de Oberá y ser miembro de un núcleo familiar. No ser propietario, ni poseedor a título de dueño de otro bien inmueble, debiendo el interesado presentar una declaración jurada de su patrimonio.
Por su parte, el concejal Héctor Antúnez Proeza resaltó la importancia que tendrá para la comunidad destacando el hecho de poder acceder a una vivienda en un barrio que cuente con los servicios necesarios.
“Además del acceso a los servicios, el acceso a todos los programas que tenga el municipio, de deportes, culturales y programas de capacitación. Lo que nosotros no queremos es que se arme un barrio y después la gente quede a la deriva, sino que reciba los servicios y también capacitación, es decir un plan de arraigo. Pretendemos que esto no sea un depósito de personas, sino que sea la incorporación a la sociedad de estas personas, que tengan una obligación ciudadana de pagar un canon, de mejorar su vivienda, de capacitarse por estar dentro del programa, de no transferir la vivienda mientras están dentro del plan y no hayan cancelado el total del programa”, agregó Antúnez Proeza.
Según indica la ordenanza aprobada, los beneficiarios, que debe ser evaluados por el equipo de Trabajadoras Sociales del área de Acción Social del Departamento Ejecutivo, quienes deben producir los informes sociales pertinentes de los adjudicatarios y desarrollar un programa de “arraigo” y seguimiento.
Los inmuebles adjudicados no podrán ser cedidos en préstamo o transferidos a terceros hasta la cancelación total del convenio de pago.
