La circular 21/18 del Superior Tribunal de Justicia entró en vigencia ayer y todos los policías y agentes del Servicio Penitenciario Provincial que prestaban funciones como adscriptos en distintas reparticiones judiciales deberán volver a sus dependencias de origen.
Hasta ayer se esperaba un principio de solución y que no se produjera la abrupta sangría del traslado repentino de alrededor de cien policías y penitenciarios que estaban destinados en Juzgados de Instrucción Penal, Correccionales y de Menores, Tribunales Penales, Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC).
En cuanto a la SAIC, fuentes del caso confiaron a PRIMERA EDICIÓN que a partir del lunes próximo se realizarían tratativas especiales para que el estamento, creado con el objetivo de avanzar hacia la obtención de una Policía Judicial, no se vea “literalmente desmantelado” porque el 90 por ciento de la plantilla de profesionales son policías de carrera.
Una salida similar se baraja a su vez para el caso del Juzgado de Instrucción 6 de la Primera Circunscripción, de turno en diciembre y a cargo de Ricardo Balor. El funcionamiento se vería perjudicado sobre manera si no se establecen traslados paulatinos y con el recambio correspondiente.
Otras fuentes del fuero penal estimaron que la polémica, en la decisión tomada por el STJ, radica en que “resulta drástica y en una época del año poco favorable”.
“Hay juzgados de instrucción que perderán muchos empleados. Por ejemplo, algunos sufrirán la falta total de una de sus dos secretarías porque no tendrán quienes las atiendan”, explicaron las fuentes.
Cabe recordar que la medida fue firmada el viernes 30 de noviembre, tal como lo publicó este Diario, y fijaba que deberán retirarse de las dependencias judiciales en el plazo de 48 horas de notificación todos los empleados de la Policía y el SPP de los juzgados penales y de la SAIC mencionados. Los únicos que deben seguir en funciones, siempre de acuerdo a la circular, son los policías que cumplen labores de seguridad de tales organismos.
La disposición de los ministros del STJ dice expresamente: “La Secretaría Administrativa y de Superintendencia, -sección acuerdos del STJ-, por disposición del Alto Cuerpo, hizo saber mediante el acuerdo 36/18 (autos caratulados expediente administrativo 144909/18), que se dispuso: 1) hacer saber a los Juzgados de Instrucción, Juzgados Correccionales y de Menores, Tribunales Penales de toda la provincia, Cámara de Apelaciones Penal y de Menores y Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), que el personal policial y penitenciario que se encuentren actualmente desarrollando tareas en dependencias del Poder Judicial en carácter de adscripto y/o afectado -exceptuándose al personal policial que presta servicio de vigilancia- que no cumplan con lo dispuesto en la acordada 39/2004 en todas sus partes, deberán retirarse de las dependencias judiciales en el plazo de 48 horas de notificados de la presente. 2) comuníquese al Ministerio de Gobierno, a la Jefatura de Policía -Dirección de Personal-y a la Dirección del Servicio Penitenciario, de la provincia de Misiones”.
Con esta modificación sería el 70 por ciento aproximadamente el personal que deberá volver a cumplir funciones en las comisarías, direcciones y divisiones de unidades regionales, dependencias de Jefatura de Policía y distintas áreas penitenciarias.
Cabe señalar que el máximo órgano judicial de la provincia buscará lograr un reordenamiento en el funcionamiento de sus juzgados y demás órganos alcanzados. Cuándo se logrará esto, dependerá directamente de los recursos a ampliarse o reasignar.
Auguraron fuentes directas, que esto no podrá ser “instantáneo o satisfactorio en pocos días y menos ante la llegada del inicio de la Feria Judicial de verano”.
Es mucho recurso humano, administrativo y pericial que se pierde en los juzgados de una manera abrupta, muchos de estos empleados en pleno proceso de capacitación en derecho y otros avanzados que resultaban estratégicos”.
