Sólo dos propuestas concretas para el incremento de la tarifa de taxis se presentaron ayer en la audiencia pública que con ese propósito se realizó en el Concejo Deliberante local. Una plantea llevar a $35 la bajada de bandera y a $3 la ficha por cada cien metros recorridos; la otra, es un poco menor: $30 y $3, respectivamente.
Estos dos últimos valores fueron planteados por la Asociación Taxistas Unidos, cuyo representante Eduardo Gauto, estimó que la tarifa real debiera ubicarse en $100 para la bajada de bandera y $10 para los cien metros recorridos. La otra propuesta le cupo al titular del Sindicado de Peones de Taxis, Alfredo Gamarra, quien también reclamó el derecho a recibir el bono de fin de año otorgado por el Gobierno nacional para los trabajadores privados.
Al margen de estos valores, hubo coincidencia en duras críticas a la política económica nacional y, entre estos dos expositores, en que cualquier incremento en la tarifa debería beneficiar al chofer, aunque para ello las empresas y los propietarios tendrían que resignar parte de sus ganancias para asegurar que aquellos preserven su fuente de trabajo y puedan sostener a sus familias. En especial porque el factor de mayor incidencia en la tarifa es el combustible, cuyo costo es asumido por quien conduce el vehículo de alquiler. Jorge Starik, de la Asociación de Taxis, planteó una propuesta similar a la de Gauto, de una suba del 10%, pero con el agregado de un nuevo aumento similar (10%) si la nafta superara los $45 por litro.
Quien abrió el debate fue el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, que hizo una larga exposición donde reclamó sopesar los intereses de las diferentes partes, pero teniendo como meta principal el menor perjuicio a los usuarios. Al igual que con el transporte urbano de pasajeros, propuso se encargue a técnicos de la Universidad de Misiones (UNaM) para que elaboren un estudio sobre costos y establezcan una polinómica para el cálculo tarifario, que se aplicaría cada vez que haya aumentos en insumos y combustibles. El restante expositor, Julio Escribano, planteó varios reclamos de choferes y fue interrumpido por el presidente del debate, Miguel Ángel Acuña, presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, cuando cuestionó la complicidad entre “cierto concejal” con los propietarios.
Ahora es el turno de este grupo de trabajo deliberativo que deberá elaborar el dictamen con los nuevos valores para lo cual sólo restan dos sesiones para concluir la actividad anual del Concejo: el 22 y el 29.
