Con dos resoluciones, la primera en 2016 y la segunda en octubre pasado, aunque el Consejo General de Educación hizo lugar a las denuncias por irregularidades formuladas contra dos docentes jerárquicas de la CEP 17; éste procedió, a quitarles el escalafón y a suspenderlas por 90 días, cuando los denunciantes entienden que correspondía exoneración.
“La defensa de la educación pública tiene directa relación con la formación, por lo tanto no puede estar dentro del sistema alguien que no tiene ni siquiera el título secundario. Además esta la obligación de los docentes de construir ciudadanía enseñando a defender derechos”, enfatizó Mónica Gurina, la gremialista del CTA, quien detalló a PRIMERA EDICIÓN todas las irregularidades observadas.
Explicó Gurina:” la sanción, más reciente, vuelve a suspender el goce de haberes para ambas, pese a haberse demostrado que hubo falsificación de documento público, para extender título secundario, en al menos una ocasión, pero que se presume, pudieron ser más”.
Durante el proceso, que demandó varios años, profesores del Centro Educativo Polimodal (CEP) 17 de Garupá, acompañados por referentes sindicales, se atrevieron a denunciar y más tarde demostró que Adriana Vanessa Espíndola (ex directora del CEP 17) y Norma Beatriz Sederennski (ex vice de esa institución) habían cometido una serie de ilícitos. Entre ellos la designación de Marcelo Sánchez a cargos (horas cátedra y cargo de preceptor) al marido de una de ellas quien se había “beneficiado” con el título trucho.
Sin embargo, con la primera resolución ( la 2648 de mayo de 2016) se decidió retrogradarlas (quitarles sus cargos jerárquicos) y suspenderlas por 90 días; luego de lo cual siguieron cumpliendo tareas frente al aula y en el mismo Consejo.
Ahora, con nueva resolución ( 5807 de 3 de octubre de 2018) que sanciona con cesantía a Marcelo Sebastían Sánchez y se instruye a la Junta de Clasificaciones y Disciplina a dar de baja el legajo por ilegitimidad de su título secundario; las docentes involucradas fueron nuevamente suspendidas por 90 días y diez años de postergación para ascensos de jerarquía, algo que a entender de los denunciantes es “leve” porque se debería inhabilitarlas.
“Los docentes y gremialistas pasaron por no pocas dificultades para denunciar y demostrar la veracidad de estos actos de corrupción, la sanción debería haber sido la exoneración porque al haber violado de esta manera todos los códigos legales y de ética, no pueden desempeñarse frente a un aula para educar a nuestros hijos”, insistió Gurina.
“Veníamos sufriendo varias persecuciones, maltrato, nombramientos sin título a allegados. Como interinos, estábamos desprotegidos, tras titularnos en el cargo nos organizamos para denunciar que en la CEP 17 había parientes de la directora y la vice dando clases, incluso en una cátedra que no existía”, fue el relato, de la docente Claudia Cardozo, a un programa radial.
Antecedentes
El CEP 17 tenía como directora en 2014 a Diana Espíndola y como vice a Norma Sederennski. En ese momento los docentes del colegio empezaron a notar que Marcelo Sánchez, marido de Espíndola, usufructuaba fondos públicos del colegio pero no aparecía como docente de planta. Luego de esos reclamos se lo agrega a la nómina como preceptor, pero jamás trabajó allí y eso derivó la denuncia.
“Todo era trucho: el profesor, un aula satélite sin alumnos, abuso de poder y nepotismo. En ese momento fueron al paro y se logra separar del cargo a los denunciados”, contó Gurina al señalar la resolución 2648 donde quedó probado cobro de inscripciones indebidas, entrega de recibos ordinarios sin sello ni fines, no se sabía el destino de fondos nacionales y que los alumnos pagaban 150 pesos por el título.
Además se designaron cátedras de Lengua, Empleabilidad, Lengua extranjera, Psicología y Ciencias Naturales a personas sin título.
