Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio y buscará que el Código Penal pase de 320 artículos a 540 y sistematice leyes con contenido penal que estaban dispersas.
Según publicó el diario Clarín, el proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.
Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado.
A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
“El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, dijo Borinsky y agregó: “Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.
A su vez, el proyecto de Código Penal incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial.
Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito.
A eso se sumaría una discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones en caso de que quienes ingresan al país cometan delitos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
