La normativa declara la “utilidad pública” y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales.
De acuerdo al texto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con la cartera nacional deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles.
La iniciativa establece que los gastos del proceso “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”, al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso para “financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
Fuente: NA