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Justicia que agrieta

7 octubre, 2018

Germán Garavano es un ministro de confianza del presidente Mauricio Macri. Y si habla de su ámbito, la Justicia y los derechos humanos, habla en nombre del Ejecutivo. Porque no se puede separar la persona del cargo, menos cuando en la opinión pública mediática no dijo haberla expresado de manera personal.

Tal vez ese no fue el eje del conflicto, con la expresidenta Cristina Kirchner de por medio, pero sí la gota que terminó de llenar el vaso de la paciencia, nada menos, que de Elisa “Lilita” Carrió. Sin ningún filtro, la legisladora le salió al cruce por sus opiniones y le anunció un pedido de juicio político. Venía de ser protagonista directa de un “plantón” de Cambiemos para hacerse cargo de la Comisión Bicameral de control del Ministerio Público Fiscal al que finalmente renunció.

La interna política-institucional en Cambiemos tomó una forma inesperada, en este contexto difícil de la economía, que para muchos es además “no deseada” porque si algo sobran son problemas.

¿Y si Garavano es apenas un apéndice del verdadero eje del conflicto Carrió-Macri?

La remoción del titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola (hombre de confianza de la líder de la Coalición Cívica) y otros cinco hombres de su equipo (entre ellos del subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Jaime Mecikovsky) no fue casualidad. Menos aun cuando se concretó a las pocas horas del enfrentamiento público por Garavano.

Pero ¿qué hicieron los ahora removidos especialistas para ser “invitados” a dejar sus cargos? El diario Perfil contó que Carrió le habría dicho a Leandro Cuccioli en una “tensa reunión el pasado lunes”: “Castagnola, Mecikovsky y Bo son hombres de mi confianza, cuídenlos”. Sin embargo, esa “bendición” de Lilita no fue el fundamento de la remoción.

“Castagnola tenía a su cargo a parte del equipo de técnicos enfocados en la investigación de dos causas: el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública. Hace una semana, ese equipo presentó pruebas contra Calcaterra ante la Justicia, confirmaron fuentes judiciales”, contó el mismo matutino porteño.

Dos jueces (Claudio Bonadio y Marcelo Martínez Di Giorgi) tienen en sus despachos estos informes que apuntan a un circuito millonario en el que aparecen IECSA y nada menos que Odebretch.

Según Perfil “… los funcionarios de la DGI detectaron que el consorcio de empresas del soterramiento transfirió US$ 4.495.000 a la cuenta de una empresa española investigada en distintos países como pantalla para blanquear coimas. Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de IECSA”.

Presentado el escenario donde la corrupción, la Justicia y la política se entremezclan provocando una fuerte grieta en Cambiemos, surgen más dudas que certezas. ¿Carrió avanzará en su “lucha anticorrupción” contra el entorno directo de Macri? ¿Romperá la alianza gobernante? ¿Los jueces Martínez Di Giorgi y Bonadio ejecutarán medidas con semejante informe oficial, dado que Calcaterra procesado sigue en libertad? ¿Hasta dónde se investigará la relación IECSA con Odebretch?

De mal en peor

En el mercado cambiario y por efecto rebote en los bolsillos de los argentinos, todos pueden ver en la práctica el golpe que provocó el endeudamiento con LEBAC, inventadas por el expresidente del BCRA, Federico Sturzenegger. Corrida del dólar, precios por las nubes, doble salvataje del FMI, fuerte baja en las reservas del Banco Central cada vez más llenas de “papeles” que de dinero físico, entre otras cuestiones.

Como si fuera poco, antes de irse, Sturzenegger creó las Letras de Liquidez (LELIQ) que son títulos a 7 días que se licitan diariamente teniendo por objetivo sólo a los bancos. Las LEBAC, en cambio, se licitaban mensualmente y cualquier inversor podía adquirirlas.

Cualquier razonamiento con sentido común, podría aplicar el “aprender de los errores cometidos”, de esos que hablan los funcionarios actuales muy seguido, cuando sus medidas nos afectan y no pueden ocultar más que no estuvieron a la altura de las circustancias.

Pero pasó Luis Caputo por el BCRA y se erigió su figura como el que iba a enmendar los errores de Sturzenegger. Sin embargo, profundizó el problema del endeudamiento, aplicando tasas que se convirtieron en récord mundial con tal de “seducir” a los tenedores de los bonos a no venderlos porque estábamos sin dólares. Se fue bajó presión del FMI.

Llegó Guido Sandleris a fines de septiembre al Banco Central y no pudo tener mejor idea para frenar la escalada del dólar que poner el foco en las LELIQ. Y otra vez con tasas siderales (por arriba del 70%) que ponen en riesgo la capacidad del BCRA para enfrentar cualquier pago de ese endeudamiento. Porque no se puede sostener en el tiempo semejante tasa. Sino hay que ver qué pasó con las LEBAC.

La salida más fácil sería emitir moneda. Pero eso provocará más inflación. ¡Más inflación que la proyectada en un 50% promedio para este año! En una etapa de fuerte recesión sería una verdadera bomba económica para el país.

Desde el Gobierno se recreó el clima esperanzador habitual por la baja del dólar. Pero por efecto de un mecanismo que aspira el dinero de la plaza bancaria con tasas agigantadas que nadie sabe cuánto se puede sostener en el tiempo.

Esas tasas altas impactan en la escasa capacidad de financiaciamiento que tienen las PyME; el encarecimiento del crédito para las empresas que lo requieran por su delicada situación financiera en la que -incluso- se juegan sus subsistencia; la suba de intereses para cualquier persona que acuda al sistema financiero para sacará un préstamo, entre otros.

Delicado momento donde las recetas se repiten sin que le cuenten a los argentinos la “letra chica” de las decisiones.

¿Otro blanqueo?

En el oficialismo nacional se evalúa convocar a un nuevo blanqueo de capitales. Ese que tanto “éxito” trajo pero cuyo efecto duró menos que la euforia de Cambiemos.

Las diferencias con el anterior radicarían en el monto a pagar por parte de quienes adhieran (20% sobre el capital declarado); además de dinero en efectivo se podrán incorporar bonos, inmuebles, objetos de valor, etc), siempre sin preguntarse el origen.

La iniciativa podría arribar al Congreso en los próximos días y, si logra el acuerdo, volverá a ser la AFIP la que lo instrumente.

El interés sigue siendo conseguir fondos a cualquier precio. Sabiendo que las fuentes de crédito internacional se agotaron con el nuevo acuerdo con el FMI, las inversiones ya no tienen “semestre esperado” y la presión fiscal está al límite sobre las actividades de la economía argentina.

La quinta de Macri
El presidente Mauricio Macri visitó la tierra colorada por apenas unas horas. A pesar del clima adverso, en todo sentido, encontró buena receptividad en el gobierno de Hugo Passalacqua que lo acompañó en sus actividades oficiales, a pesar de que el eje estuvo en un centro de atención infantil en Campo Ramón donde el trato fue directo entre Desarrollo Social de la Nación y la presidente de una ONG macrista llamada “Pamperito” con sede en Buenos Aires.

La inauguración del lugar sin habilitación (el trámite se hizo el día después cuando este Diario lo reveló) ya es una anécdota.

Macri se llevó de Passalacqua la ratificación del interés misionero por “colaborar con la gobernabilidad de la Nación” y le dijo que “tiene asegurados los votos de los representantes locales en el Congreso para aprobar el presupuesto nacional 2019”, a pesar que ese acompañamiento le genera críticas al oficialismo.

Fuera de ello, al Presidente le armaron desde Cambiemos Misiones una agenda donde recibieron a empresarios tealeros y no a los productores que la están pasando mal. Y en cada acto público, alejado de la gente, con fuertes medidas de seguridad que impidieron todo contacto con el mandatario.

Finalmente, estuvieron los que esperaron un “mensaje esperanzador directo para los misionero” y los que se quejaron que “no trajo anuncios”.

En el Cambiemos provincial, no faltaron las voces de preocupación por el estilo de Macri, a pocos meses de la campaña electoral. Sin embargo, la fecha de votación nacional es hoy tan imprevisible como la economía. Y ambas van de la mano para los intereses del oficialismo.

Tags: De Primera Mano
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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