Responde a un pedido empresario que habla de una tarifa técnica de $57 (¿?). Espero que esta vez las empresas se “dignen” a presentar sus “números” que justifiquen ese pedido y expliquen el porqué del valor exigido; así como que las autoridades municipales jueguen también su rol de tales en esta ocasión sin permitir ese “desdén” empresarial hacia los posadeños.
De otra manera y pese a ser “no vinculante”, la audiencia será otra vez solo una descarga de su frustración y bronca de los usuarios contra el deficiente servicio del transporte público que reciben cotidianamente.
Pero algo que nada sirve si además de desoírse esos reclamos, se los ignora y nada se hace para corregirlos en un servicio donde el usuario se convierte en un rehén de los caprichos empresarios.
La sensación quequeda es que tanto las autoridades como las empresas toman a la audiencia pública como un mero formalismo y que el valor de la tarifa ya fue acordado previo a ella.
Solo se espera que ésta ocurra para anunciarlo y que imagino esta vez será brutal en razón de la quita de subsidios nacionales que da pábulo a cualquier exceso.
Sin embargo, me esperanzo en la responsabilidad de nuestras autoridades municipales e imagino que a las cifras de las concesionarias del transporte público se contrapesará la del fuerte retroceso en el ingreso de los trabajadores y sus familias –sus principales usuarios-.
Como también supongo que las conclusiones de esta audiencia serán publicadas con anterioridad a que se conozca el cambio tarifario y puedan servir para justificar cualquier incremento que se haga en el precio del pasaje de los colectivos urbanos.
Creo que el hasta ahora incumplido propósito de la audiencia pública es el de transparentar y hacer comprensible la “necesidad” de una suba tarifaria y que permita compensar los costos de unos con las posibilidades de pago de los otros.
Algo que hasta ahora al parecer nunca ha ocurrido, ya que en general solo se escuchó la “queja” empresaria porque ni siquiera se tomaron aquellos correctivos de los reclamos planteados sobre deficiencias del servicio ni de las “exigencias” de las autoridades anunciadas para darle alguna seriedad al, en general, “tarifazo”.
Tampoco hay que olvidar que ésta es una audiencia de excepción, ya que la anterior de fines del año pasado estableció los valores para todo este 2018, en dos etapas, y que ahora, por la catastrófica realidad económica nacional, pretende corregirse, pero sin advertirse que en ese tiempo a contraposición del feroz proceso inflacionario el salario de los trabajadores ha retrocedido en su capacidad adquisitiva y las mejoras que se han fijado están muy lejos de cubrir la suba de precios ya ocurrida en el año y menos aún las expectativas de lo que será ese índice anual.
Al margen de mis reparos para con la audiencia pública obligatoria –que creo debe dársele otro protagonismo superior al formal-, coincido con la necesidad de que la fijación de la tarifa del transporte urbano de pasajeros vuelva a ser potestad del Concejo Deliberante, donde están los representantes de los posadeños.
Allí, aunque pudiera tener algunas objeciones por los “intereses políticos”, al menos habrá que conjugar catorce voluntades y no el convencimiento de solo una persona como ahora, tras la irregular reforma (en ese tema) de la Carta Orgánica Municipal (COM) posadeña.
Alejandrino Rojas Schmid
Posadas (Misiones)
