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Alquileres: a pesar del contexto, proyectan regulación en la provincia

26 septiembre, 2018

Tanto los inquilinos como los propietarios y las inmobiliarias están expectantes ante la posibilidad de que se implemente un órgano contralor para la renta de inmuebles. Centrándose en construcciones particulares acondicionadas como inquilinatos, proponen un registro de estas propiedades.

Los proyectos
La Asociación Misionera de Inquilinos colaboró en el borrador de una Ley Provincial impulsado por el bloque Cambiemos, que aún no llegó a presentarse.  Además, tuvo un acercamiento con el edil posadeño Pablo Velázquez para brindar su opinión del proyecto de ordenanza para la ciudad capitalina.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Adrián Torres, presidente de AMI, señaló que “el problema más grande que tenemos es que alquilar continúa siendo un contrato civil entre las partes”.

Acerca de regular la actividad, explicó que “lo primero que debe hacerse es crear un registro de casas que se ofrecen en alquiler, para que tengan ciertas exigencias en cuestiones de seguridad y licitación por parte del Municipio”.

Por otro lado, tanto en la provincia como en el país “hay numerosos proyectos, pero hay que ver que sean viables, porque algunos lo hacen más que nada por tener marketing, cuando es algo que requiere un estudio y un campo técnico y jurídico, con muchos actores involucrados, como las cámaras inmobiliarias y los inquilinos”.

Torres explicó además que “algunos proyectos toman a los inquilinos como si fueran sujetos necesitados en materia habitacional, cuando no necesariamente lo son: algunos eligen serlo por proximidad o tiempo y no se los puede tratar como un sujeto social marginal, porque no se trata sólo de apuntar a tener beneficios, ya que tratamos con capital privado”.

Una ley en camino
Un proyecto que sí llegó hasta la Cámara de Representantes de Misiones fue el presentado por el diputado provincial Lucas Martín Cáceres.

La comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones tratará esta iniciativa que propone, básicamente, lo mismo que planteaba el otro borrador: crear el Organismo de Control y Regulación de Alquileres, como una oficina provincial en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de transparentar el mercado de alquileres y establecer modelos de contratos y precios de referencias.

Dentro de sus artículos, establece la necesidad de asignar al locador el pago del sellado, además de bancarizar las transacciones y conformar delegaciones dentro de aquellos municipios que adhieran a la ley, para lograr así mediar ante situaciones de reclamos o incumplimientos del contrato.

Sobre esto último, apunta a la creación de una comisión para la elaboración de modelos de contratos de alquiler y el establecimiento de precios de referencia, a fin de establecer un marco socialmente consensuado.

Un aspecto importante es aquel que habla de garantizar las condiciones de atención y trato digno a los inquilinos, donde se sugiere eliminar todo trato discriminatorio, en especial al fijar pautas comerciales y -por ejemplo- excluir a familias con niños o mascotas, salvo prohibición expresa en el reglamento de copropiedad, que debe ser publicitado junto con la oferta de alquiler.

Alquilar en Posadas
Por su parte, el emprendedor inmobiliario Marcelo Mascarino comentó a PRIMERA EDICIÓN que “durante muchos años no se invirtió pensando en las familias, entonces en Posadas prácticamente no hay lugar porque en los últimos 10 o 12 años se construyó, pensando en estudiantes: sólo monoambientes y departamentos pequeños”.

En cuanto a la situación en la capital provincial, contó que “en los últimos días hemos notado muchos carteles de alquiler, cuando antes prácticamente no se veían porque la demanda era permanente y estable. Esto es muy grave porque, siendo casi una ciudad universitaria, observo que muchos departamentos se están desocupando”.

Acerca de aquellos lugares que prohíben niños y mascotas, Mascarino indicó que “cuando la rentabilidad de un inmueble era un 1%, el propietario podía arriesgarse a que el chico le raye las paredes o que un perro le rompa las puertas, porque el inquilino tenía capacidad de resarcir al propietario por esos arreglos, pero hoy todo cuesta mucho más y entonces no se arriesgan”.

La realidad es que “cuesta mucho alquilar porque los ingresos en la provincia y la ciudad son muy bajos. Muchos utilizaban el alquiler de una propiedad como un refuerzo luego de jubilarse, pero ahora ¿qué más se le puede pedir a un propietario que hoy recibe el 0,2 % de rentabilidad? ¿Regular los alquileres? ¿Para qué?”, se preguntó.

En materia de aumentos en alquileres, Marcelo Mascarino aseguró que “nos mantenemos en un 15% cada seis meses, sin embargo los indicadores inflacionarios marcan un valor por arriba del 40%”.

Tags: #PosadasAlquileresproyecto de leyproyecto de ordenanza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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