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Jubilaciones perdieron poder adquisitivo de casi 10% en lo que va del año

10 septiembre, 2018

Con el aumento de septiembre por la nueva Ley de Movilidad que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri y descontando la inflación, las jubilaciones y pensiones se ubican un 9,7% por debajo del nivel registrados un año atrás.

La situación de pérdida se registra porque los jubilados y pensionados observaron incrementos del 19,2% en sus ingresos en los últimos doce meses, mientras la inflación se ubicó en torno entre 32% y 33%, según revelará esta semana el INDEC.

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, aseguró hoy que las proyecciones indican que las personas pasivas que cobran jubilaciones o pensiones de la ANSeS finalizarán el año con una pérdida de 13 puntos en su poder de compra, respecto de 2017.

“Los jubilados y pensionados han perdido en este último año respecto a la canasta en forma muy significativa. La aplicación completa de la Ley de Movilidad ya con el calculo de diciembre va a estar en un reajuste del 29% cuando las estimaciones de inflación superan el 40%”, dijo Semino.

Según las proyecciones oficiales del ministerio de Hacienda sobre las que se realizó el ajuste fiscal que impulsa Macri, la Argentina cerrará el 2018 con una inflación promedio del 42% y bajará ese indicador al 25% anual en 2019.

Semino celebró en declaraciones a radio La Red que el Gobierno haya anunciado un “bono” compensatorio para los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero señaló que el Estado “se ha olvidado” de los jubilados.

Reparación histórica en pausa

Unos 140.000 jubilados que estaban cobrando la “reparación histórica” desde 2016 verán suspendido el pago de esa suma extra a partir de octubre porque no cumplimentaron un paso exigido por la ANSeS.

Se trata de los jubilados que están cobrando una mejora anticipada en sus anuncios y aún no aceptaron la propuesta en la web de la ANSeS o todavía no suscribieron el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de las haberes.

Semino dijo que hubo plazos para que los jubilados acepten o rechacen la “reparación”, sobre todo para aquellos a los que el Gobierno les empezó a pagar, con reajustes del orden del 30% promedio.

“1.300.000 jubilados cumplieron con los requisitos que puso la ANSeS dentro de un plazo tope y otros 140.000 no lo hicieron, por lo que se les suspenderá el reajuste hasta tanto no hagan el trámite”, dijo Semino.

El Defensor de la Tercera Edad consideró que “si el Estado empezó a pagarlo no puede suspenderlo, porque incluso tendría que haber esperado el requisito previo para pagarlo”.

“Por otro lado, estamos hablando de personas que no son nativas para este tipo de trámites informáticos que es simple pero para lo cual hay jubilados que ni siquiera se han enterado”, sostuvo Semino.

Fuente: Agencia de Noticias NA

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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