La Justicia realizó el viernes una inspección ocular en la aldea Arroyo 9 de San Vicente por la tala de árboles en dos propiedades que componen el territorio demarcado para esa comunidad mbya guaraní.
La inspección se realizó un día después que el Ministerio de Ecología emitiera una orden de suspensión de las actividades de extracción de maderas del lugar. Además, al atardecer, inspectores hicieron una visita “relámpago” para verificar el terreno e iniciaron un sumario
La comunidad había realizado tres denuncias en la Policía de San Vicente y otras ante el Ministerio de Ecología pero ninguna de ellas había tenido respuestas. Arroyo 9 está ubicada a casi 20 kilómetros de la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 1.278 en Picada Agroforestal. Hace 40 años que están asentados a orillas del Arroyo 9 y viven de la caza, la pesca, la recolección de frutas silvestres y la agricultura. Enmarcados en la Ley Nacional 26.160, separaron 1.715 hectáreas alrededor de su aldea. El terreno separado comprende los lugares que ellos ocupan para sus tareas cotidianas. Pero, hasta el momento, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones no les entregó la carpeta para el censo y que puedan comenzar con los trámites de propiedad de la comunidad.
Entraron con topadoras a la aldea
Hace varios meses que, en dos de las tres propiedades que ocupan, comenzaron a extraer madera. En forma inmediata la comunidad guaraní junto con referentes del Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (EMIPA) comenzaron a realizar las denuncias correspondientes para frenar la extracción de maderas nativas de sus tierras.
Los aborígenes colapsaron cuando los madereros entraron a la aldea con las topadoras. Según recordaron los habitantes del lugar, mientras se realizó la inspección, que “Hicieron un camino para arrastrar la madera a menos de diez metros de una casa, pasaron sobre una manguera que lleva el agua desde una vertiente a la comunidad y derribaron ejemplares de tacuara y tacuarembó que son usados para la construcción de los techos de las casas y para la medicina natural”.
Luego que el cacique de la comunidad, Casimiro Nicasio Fernández junto a la gente de EMIPA acudieron a los medios de comunicación, se logró la orden de freno a la extracción de maderas de ambas propiedades privadas involucradas.
Los guaraníes contaron también con la intervención de técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, del sector de ENDEPA, que atiende los casos de tierras de los pequeños colonos y comunidades indígenas.
Resultado de la inspección
El oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Caraguatay, Eloy Cretton, fue el encargado de hacer la inspección ocular por el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Posadas; Secretaria Única con el expediente N° 97213/18 en el que se llevan adelante las investigaciones de la denuncia que realizaron desde EMIPA como la del cacique Casimiro Fernández.
El funcionario judicial recorrió la aldea y parte del monte donde los obrajeros estaban trabajando y pudo constatar la presencia de los caminos que abrieron en el monte para arrastrar la madera, la planchada con rollos de maderas nativas, algunos de ellos con más de veinte metros.
Los aborígenes que lo acompañaron, le mostraron partes de un árbol derribado que aparentemente sería un lapacho, especie protegida por la legislación provincial, ejemplares chicos con poca circunferencia que están protegidas por la Ley de Explotación de Bosques, y la forma que interrumpieron los cursos de arroyos y arroyuelos con tierras y troncos para poder cruzar con las maquinarias y los camiones sin problemas con el caudal.
El cacique informó además que “el jueves a la tardecita vino gente de Ecología a inspeccionar. Llegaron hasta la primera planchada, donde están los rollos y de ahí se fueron porque ya estaba oscureciendo”.
Se conoció el jueves a última hora que el Ministerio de Ecología había suspendido el permiso otorgado a las dos propiedades para extraer la madera de la zona de la Aldea Arroyo 9.
Ecología inició sumario ambiental
Tras concretar la inspección en la comunidad, en compañía del cacique, el Ministerio de Ecología inició el sumario ambiental luego de constatar “las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Según indicó ayer Ecología, “también se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya. Así también la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, no respetándose el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas. En todo el recorrido realizado por los inspectores se tomaron puntos de GPS. El plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades por la violación a la normativa vigente”.
La comisión estuvo integrada por profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por personal guardaparques, del Ministerio de Ecología.
