Ovando no declaró y hubo tensión en el primer día del juicio

ELDORADO (Enviados especiales). Triste. Así de sencillo y tajante es el caso María Ovando, que en realidad debería llamarse Carolina Ayala, porque la verdadera víctima de esta historia fue esta niña de tres años que murió en marzo de 2011, por causas que jamás se podrán establecer, y fue enterrada por su madre a orillas del arroyo Aguaraí Guazú, jurisdicción del municipio de Colonia Delicia.  En realidad, el informe de autopsia certificó que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio, aunque no precisó a consecuencia de qué patología. No fue posible por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, debido a que habían pasado más de quince días del óbito, como explicó ayer el médico forense Milton Rubén Rodríguez.  Un ambiente espeso, de suma tensión, rodeó la jornada inaugural ayer, que se inició a las 8.45, en el recinto del Tribunal Penal 1 de Eldorado, antes, durante y después de la audiencia; adentro y afuera del edificio ubicado en la esquina de la calles San Juan y América.La sala, aunque reducida, se vio repleta por la presencia de distintos medios de comunicación, provinciales y nacionales, y representantes de organizaciones sociales y sindicales. Entre ellos, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Polo Obrero.En ese contexto cobró protagonismo la intervención de la militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll, quien incluso llegó a intercambiar palabras con los testigos.Ingresó al debate casi en simultáneo con la acusada y la primera frase la disparó contra el fiscal, Federico José Rodríguez: “Todo lo que le hicieron a María tienen que pagar. Ahora van a ver. Sobre todo el fiscal, que no tiene madre, le quiero ver la cara”, espetó a viva voz ante el resto de las personas que la miraban atónitas, como si no entendieran lo que sucedía. María Ovando está procesada por el delito de “abandono de persona doblemente agravado por el resultado de muerte y por el vínculo”. La mujer, de 37 años, se abstuvo de declarar ayer ante el tribunal presidido por Atilio León, secundado por la magistrada Lyda Gallardo y el juez subrogante Juan Carlos Sosa.Sosa, justamente, reemplazó en esa función a la recientemente designada María Teresa Ramos, quien presentó licencia a dos semanas de haber jurado como camarista. A partir de la citada calificación, se desprenden tres ejes medulares en torno al caso. El primero, la responsabilidad que pudo caberle a la imputada en el funesto desenlace de la historia, la muerte de su hija Carolina. El segundo, si el Estado estuvo ausente en su política de asistencia a una familia en situación de riesgo o de extrema vulnerabilidad. El tercero, si la posible ausencia del Estado exime o no de responsabilidad a la acusada.En este último punto pareció adquirir relevancia la declaración del primer testigo citado a estrados: el médico Julio César Benítez, a cargo del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Puerto Delicia.El profesional contó que el 3 de marzo de 2011, seis días antes de que Carolina fuera vista con vida por última vez, concurrió al domicilio de Ovando, en el kilómetro 1.574 de la ruta nacional 12, jurisdicción de Colonia Delicia. Lo hizo acompañado por promotoras de salud y en ambulancia.El objetivo era constatar el estado de salud de los chicos que vivían allí, porque el día anterior ni María Ovando ni sus hijos habían concurrido a una reunión en el CAPS, situado a cinco kilómetros de su vivienda. El encuentro -siempre al decir del galeno- estaba reservado para las familias en estado de riesgo o de vulnerabilidad en Colonia Delicia.En esa ocasión se procedió a medir talla y peso de los niños para incluirlos en el programa provincial “Hambre Cero”.Alertado de la ausencia de la familia en cuestión, Benítez decidió concurrir a la casa de la ahora imputada días después.  Era de tarde cuando arribó al lugar. En su relato, el profesional consignó que fueron atendidos por la misma María Ovando y que los chicos estaban descalzos y sucios, pese al intenso calor que hacía en ese momento. Además, consignó que lo más evidente era que tenían piodermitis, es decir, una infección generalizada en la cabeza a causa de los piojos que, de no tratarse, avanza y forma una suerte de “casco de costra” sobre el cuero cabelludo. “Con agua y jabón sale”, expresó.Benítez pareció contundente cuando expresó que en “Carolina era más evidente, tenía síntomas de mayor abandono”.Pero no terminó allí. También explicó las condiciones de existencia que observó en el lugar. Narró que la familia vivía en una casa humilde de paredes de madera y techo de zinc, sin siquiera una letrina como baño. Sin agua potable ni energía eléctrica. Antes lo habían hecho bajo un toldo apoyado sobre cuatro postes.Allí, en esas condiciones, vivían María Ovando, que gestaba un embarazo de cinco meses, su concubino Demetrio Ramírez (hermano de su primera pareja), tres hijos y una nieta.Carolina presentaba síntomas de desnutrición crónica y al menos dos hermanitos tenían problemas de peso.Pese a su estado de gravidez, Benítez declaró que la acusada, al menos hasta los cinco o seis meses de gestación, jamás había concurrido a un control prenatal, situación de dejadez que, según deslizó el declarante, trasladaba a sus hijos, a los que jamás llevó al centro de salud más próximo.Ante una requisitoria del abogado defensor, Eduardo Paredes, el médico reconoció que no existe en el sistema de salud de la provincia un protocolo de intervención en estos casos, situación que se extiende incluso al promocionado Programa Cero. En otro segmento de su alocución, el testigo afirmó que “la pobreza es la señal número uno de la desnutrición”. Otra arista muy interesante se produjo cuando el fiscal le preguntó si conocía a otras familias de la zona que estuvieran en idéntica situación, con casos de desnutrición crónica. “Conozco muchas mamás con hijos desnutridos crónicos, pero con más posibilidades y ganas de acercarse al CAPS”, señaló.El segundo testigo de la jornada inaugural fue otro médico, Julio Rodríguez, quien llegó a estrados propuesto por la anterior d
efensa de Ovando, aunque no quedó en claro cuál fue la razón.El siguiente fue el médico forense Milton Rodríguez, quien realizó la autopsia al cuerpo de la pequeña de cinco años. No tuvo mayor participación, porque lo único que pudo repetir fue que el deceso se produjo por un paro cardíaco. El cierre, en tanto, estuvo a cargo de la entonces suegra de Ovando. Se trata de Marta Godoy, quien tiene a su cargo a dos nietas, de dos y cuatro años.De entrada nomás, esta mujer, que actualmente vive en Wanda, aclaró que hablaba poco castellano y hasta preguntó si había alguien en el recinto que supiera guaraní.Y en verdad que dejó al descubierto notorias dificultades para darse a entender, expresar un concepto o una idea. No obstante lo hizo.      Aunque en el plano jurídico su testimonio tenga dudosa incidencia en el proceso porque mostró un marcado interés en la resolución de la causa y es alcanzada por las generales de la ley, sirvió de alguna manera para mostrar la personalidad y sobre todo, quién era María Ovando.Ese concepto, pese a las enormes dificultades de expresión, quedó en claro ayer en el debate oral y público.Caracterizó a la imputada como una persona que maltrataba a sus nietos -“los judeaba”, afirmó-. Incluso recordó que acostaba a Carolina en el suelo de la cocina y la ataba con cadenas.Godoy contó que los chicos que tiene a su cargo están muy bien y que hasta asisten a la Escuela. Y con mucha naturalidad, reconoció que está radicada en Misiones, cerca de Wanda, donde recibe ayuda del intendente y de una concejal, que la asisten con planes sociales, mercaderías y otros elementos.  El debate continuará hoy, a partir de las 8.30, en el Tribunal Penal 1 de Eldorado. Está previsto que mañana se lleven a cabo los alegatos y se conozca la sentencia, de no presentarse imprevistos sobre la marcha.     Crónica de una mañana agitada en EldoradoLa ciudad de Eldorado se vio convulsionada en la mañana de ayer. Antes, durante y después de la primera audiencia en el Tribunal Penal 1 por la muerte de la niña Carolina Ayala, acaecida en marzo de 2011 en la localidad de Colonia Delicia.Por el hecho está imputada y procesada su madre, María Ovando. La Justicia la acusa del delito de “abandono de persona doblemente calificado por muerte resultante y por el vínculo”. La jornada inaugural arrancó a las 8.57 cuando los jueces Atilio León, Lyda Gallardo y el subrogante Juan Carlos Sosa ingresaron a la sala.Para ese entonces ya se había producido la sísmica irrupción de la ex legisladora porteña Vilma Ripoll a la audiencia, casi en simultáneo con la acusada.“Quiero verle la cara al fiscal”, lanzó la representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre otras frases.No sería su única intervención a lo largo de la jornada inaugural. Lo hizo antes de comenzar, durante y al final de la misma. Todo ante un Tribunal excesivamente permisivo. Por momentos, la situación se asemejaba más a una audiencia pública que a un proceso judicial con sus partes bien determinadas.Incluso, hasta llegó a cruzar un par de palabras con el médico Julio César Benítez, quien declaró ayer como testigo y alcanzó a decirle “tengo más de 23 años en esta profesión”. No pudo terminar la frase porque fue interrumpido por el presidente del debate, Atilio León, quien le aclaró que debía dirigirse “únicamente al Tribunal”.Pero lo más insólito se produjo al final, cuando los jueces parecieron acelerar la marcha para escapar de alguna situación desagradable. Y no se equivocaron. La peor parte se la llevó el fiscal Rodríguez, quien fue increpado duramente por Ripoll y parte del grupo que la acompañaba.Un final de audiencia lamentable que, ojalá, no se repita, porque en definitiva no hace más que empañar un proceso en el que la última palabra la tendrá, precisamente, la Justicia.    E l hechoDel expediente surge que todo habría sucedido el 8 de marzo de 2011 en el Paraje Aguaraí Guazí, en jurisdicción del municipio de Colonia Delicia.Cerca de las 11, Ovando salió de casa con Carolina en brazos. Primero se dijo que caminó hasta el hospital de Puerto Esperanza, pero luego se comprobó que el cuñado le había prestado 10 pesos para el colectivoSegún pudo establecer la Instrucción, la mujer volvió a casa cerca de las 13.30, pero ya sin su hija. Desde entonces, a los que le consultaban por la niña les decía que la había entregado a la abuela paterna, en Paraguay.Un familiar dudó de esa versión y envió parientes a averiguar esa situación. Las sospechas crecieron. La Policía tomó conocimiento del caso y alrededor de las 1.20 del jueves 24 de marzo de 2011 halló el cuerpo de la pequeña semienterrado.