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Una familia teme por su seguridad tras una decisión judicial

28 octubre, 2012

POSADAS. Los Urquiza pasaron del alivio a la desazón en cuestión de meses. En abril de este año, cuando se enteraron que el principal sospechoso por la muerte de Sebastián (16) había sido detenido después de cuatro años, recuperaron parte del sueño perdido. “Ahora esperamos que pague por lo que hizo y reciba el castigo que se merece”, le habían dicho a este medio en su momento.El tiempo pasó y la pareja recibió la semana pasada una noticia que derrumbó nuevamente la esperanza de justicia: después de una apelación, el detenido fue excarcelado y actualmente espera en libertad el inicio del juicio.“Vivimos con miedo, dejaron suelto al asesino de mi hijo. Queremos que se revoque lo que se tenga que revocar y que sea detenido. Para nosotros es una burla”, dijeron los padres de la víctima, Sandra y Santiago, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, ahogados por la amargura de tremenda noticia.Noche fatídicaLa triste historia comenzó el 19 de julio de 2008. El adolescente había ido a visitar a una amiga en la chacra 181 de Posadas, en inmediaciones de avenida Urquiza y Aguado.En determinado momento, Sebastián salió a comprar algo a un kiosco de la zona, pero nunca volvió: en un oscuro pasillo rodeado de casillas, fue sorprendido por una patota que lo atacó sin piedad a golpes de puño y patadas. En medio de esa gresca, alguien tomó un cuchillo de tipo carnicero y se lo clavó en la yugular. Según las pericias, el menor de edad murió desangrado unos cuarenta segundos después.En aquel momento, la Policía detuvo a cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años presuntamente implicados en la golpiza. En su momento, el juez Horacio Gallardo los procesó por el delito de “homicidio en riña”, pero la fiscalía del Juzgado de Instrucción 1 apeló esa decisión con la información de que ninguno de ellos había sido el autor de la puñalada fatal.Con la información provista por la investigación, finalmente la Policía logró apresar meses después a “Corcho”, un ‘peso pesado’ del asentamiento de la zona, quien forjó un “pacto de silencio” entre los vecinos, fundado en las amenazas. Como los testigos no lo involucraron, sin pruebas la Justicia ordenó su liberación por falta de mérito.Algunos meses atrás, el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, retomó el caso con colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Entonces, el expediente volvió a moverse y la Justicia ordenó un careo entre varios testigos.Ese procedimiento se llevó adelante a fines del año pasado y sirvió para dejar en claro que había sido el hombre de 65 años quien apuñaló a Sebastián, el mismo que mantenía amenazado a todo el barrio para que nadie lo inculpara en el hecho. Desde ese día, la Justicia dictó una orden de captura contra “Corcho”.Alrededor de las 10 del pasado lunes 23 de abril, las autoridades finalmente dieron con el sospechoso en pleno centro posadeño. Se había refugiado en Paraguay por casi cuatro años, pero se descuidó en momentos en que regresó al país a cobrar una pensión. Con las esposas en las manos, le había llegado el momento de pagar por sus acciones tras las rejas. O eso es al menos lo que creyeron los Urquiza.De regreso a la calleDesde el Juzgado de Instrucción 1 se ordenó la prisión preventiva del hombre hasta la llegada del debate oral y público. “Corcho” estuvo preso durante casi siete meses, hasta que la semana pasada volvió a caminar las calles como si nada.El imputado logró la libertad gracias al recurso que presentó su defensa ante la Cámara de Apelaciones, en este caso el Tribunal Penal 1 de Posadas, que revocó la prisión preventiva.Los integrantes de la sala entendieron que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, razón por la que hicieron lugar a la excarcelación. Además, indicaron que el cargo existente contra el procesado, de homicidio en ocasión de riña (que preve penas excarcelables de 2 a 6 años), contempla ese beneficio.“A nosotros nos parece una decisión injusta. Tenemos miedo porque encima él vive a no más de veinte cuadras de nuestra casa. Parece que le dijeron ‘pobre, vamos a dejarlo suelto para que siga haciendo de las suyas’; nunca dijeron ‘pobre sebastián’ o ‘pobre familia Urquiza’. ¿Qué tranquilidad podemos tener así?”, dijo indignada Sandra, madre del adolescente ultimado hace ya más de cuatro años.La preocupación de la pareja reside no solamente en el miedo a tener que cruzarse en la calle con quien consideran el autor del hecho, sino también en la irritación que les genera pensar que el imputado puede volver a escapar de las autoridades.“¿Quién se va a hacer responsable si esta persona hace algo contra nuestra familia? Si fue capaz de matar a una criatura de manera premeditada, porque andaba con una ‘faca’… tenemos miedo”, reconocen al únisono los padres de Sebastián.Los Urquiza le apuntan directamente al recientemente liberado bajo caución juratoria después de la declaración de una de las testigos que se animó a romper ese “pacto de silencio” que el miedo instaló en la villa.“Esa mujer hasta vino a nuestra casa y nos contó cómo sucedió todo, cómo le quitaron la vida a Sebastián. Ella lo vio todo, de un pasillo a otro, y ese relato consta en el expediente”, asevera Santiago a punto de quebrarse, con los ojos irritados.En ese punto de la discordia es que también se apoyan los padres para pedir el cambio de carátula, de “homicidio en riña” a “homicidio simple”.La primera figura, establecida en el artículo 95 del Código Penal Argentino, se aplica cuando en un hecho toman parte más de dos personas y resulta imposible determinar quién, por ejemplo, dio un golpe mortal. Tiene una pena de 2 a 6 años y, por ende, permite la excarcelación de los imputados durante el proceso.Los Urquiza cuestionan esos detalles, ya que aseguran que la causa cuenta con elementos suficientes para imputarle al último detenido el delito de homicidio simple, con penas de 8 a 25 años de prisión.“Esto es una burla. Honestamente, yo no espero un juicio por homicidio en riña. Acá hubo premeditación, porque había ‘mala onda’ con mi hijo. Hubo alevosía. Mi hijo no fue a pelearse con nadie, lo agrediero
n como si fuera un animal y este hombre le dio el puntazo que acabó con su vida”, cuestiona con dolor el padre de Sebastián, a la espera de que alguien “enmiende” la situación. “No vamos a bajar los brazos hasta que pague en la cárcel por lo que hizo”, finaliza.

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El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión comunitaria de sus territorios y prohíben los desalojos sin consulta previa. Sin embargo, en 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, lo que provocó, desde entonces, una ola de desalojos en muchas provincias.
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El constante incremento en el combustible encarece el flete y se calcula que, si se aplica un alza, impactará en aquellos artículos que eventualmente enfrentan mayor escasez, como el dorado.
Licenciada en enfermería, lleva más de 30 años en la profesión y ejerce en el Hospital Nivel III Samic de Oberá. Se especializó en atención neonatológica y pediátrica y ayudó a salvar miles de vidas, labor por la que recibió el reconocimiento “Marta Teodora Schwarz - El Ángel de la Selva”. Junto a sus hijos: Adriano y Franco creó la iniciativa solidaria “Juguete pendiente Oberá”.
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La baja presión y los permanentes cortes en ciertos horarios del día, empujan la bronca vecinal durante la ola de extremo calor. La semana pasada el barrio padeció cuatro días sin servicio.
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