Los Cirigliano piden apartar al juez Bonadío

BUENOS AIRES (NA). El empresario Claudio Cirigliano y otros directivos de TBA (Trenes de Buenos Aires) pidieron apartar al juez federal Claudio Bonadío de la causa por el accidente ferroviario de Once, en el que murieron 51 personas el  22 de febrero.Fuentes judiciales informaron que los empresarios recusaron al juez en una audiencia in voce que tuvo lugar ante la Sala II de la Cámara Federal, que ahora deberá pronunciarse sobre el pedido acerca del juez, quien la semana pasada citó a ampliación indagatoria a los ex directivos de TBA y a Mario Cirigliano, del Grupo Plaza.Los abogados acusaron a Bonadío por falta de imparcialidad a raíz del “direccionamiento” que le dio a la investigación y, a su vez, por la demora en resolver la situación procesal de los acusados luego de indagarlos hace ya varias semanas.En una primera instancia, el propio Bonadío rechazó la recusación y, ahora, la misma será resuelta por el Tribunal, el cual estima pronunciarse en los próximos días.Además de Cirigliano, la recusación la plantearon los acusados Carlos Lluch (abogado de TBA) y Carlo Michelle Ferrari, presidente de la firma, entre muchos otros.Habían estado detenidos luego de su indagatoria por presunto ocultamiento de documentación y ahora resta que el juez resuelva sobre su situación procesal.De ser aceptada la recusación, la causa volvería a foja cero y sería virtualmente invalidado lo resuelto por Bonadío.En la causa también están imputados los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como el maquinista de la formación siniestrada, Marcos Antonio Córdoba.La próxima semana, Bonadío ampliará la indagatoria a los acusados y por primera vez declarará Mario Cirigliano, dueño con su hermano Claudio Cirigliano del Grupo Plaza, cuya citación había sido solicitada por el fiscal Federico Delgado.La ampliación de indagatorias  para los próximos martes, miércoles y jueves es a raíz de una pericia contable realizada por técnicos de la Corte Suprema, que arrojó irregularidades en el manejo de subsidios que recibía TBA por parte del Estado, que se destinaron a objetivos que no eran los originales.