POSADAS. Dos meses han pasado desde la publicación y puesta en vigencia de la Ley de Muerte Digna, 25.764 en todo el país, que dejó establecidas una serie de modificatorias a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. El texto establece que los pacientes que se encuentren en un estadio terminal “tienen el derecho a manifestar su voluntad de rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital” (ver recuadro).Tras sesenta días de vigencia del texto, en Misiones no han tenido lugar episodios en que algún paciente en estas condiciones haya requerido el cese de los procedimientos para prolongar su vida. Según señaló a PRIMERA EDICIÓN el subsecretario de salud provincial, Germán Bezus, “hasta ahora no tenemos conocimiento de este tipo de casos”. Por otro lado, indicó que “cada nosocomio determinará cómo proceder (ante un paciente que manifieste el rechazo a dichos tratamientos)”.Directivas anticipadasEl artículo 6 de la Ley 25.764 establece una modificación al artículo 11 de la Ley de Derechos del Paciente y señala que “toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”.“La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó”.El abogado asesor del Colegio Médico de Misiones, Fernando Acosta, señaló que este matutino que “he recibido varias consultas médicas sobre las directivas anticipadas. Fueron casos en que los pacientes pertenecían a la religión Testigos de Jehová y habían dispuesto no recibir transfusión de sangre”. Según señaló, varios se produjeron aún antes del caso similar ocurrido en provincia de Buenos Aires, que tomó trascendencia nacional a través de los medios de comunicación porteños. (Se trata de Pablo Albarracini, Testigo de Jehová que a principios de mayo había recibido cinco disparos y un documento pedía expresamente no recibir sangre en caso de requerir intervenciones quirúrgicas. Otro caso más reciente -de principios de junio- ocurrió en Concordia, Entre Ríos, y la paciente, perteneciente a la misma religión, falleció producto de una neumonía).Un dilema éticoEn este punto, Acosta señaló que ante estas situaciones se presenta un dilema ético “porque el médico tiene que cumplir su juramento hipocrático de salvar y prolongar vidas, y esta ley no habla del médico, no está establecida la posibilidad de que el médico no esté de acuerdo -con dejar de practicar un procedimiento y poner en riesgo la vida del paciente-” y opinó que “el médico tiene el derecho a no atender -a un paciente que haya expresado ante escribano una directiva anticipada semejante, como no recibir sangre o de algún otro tipo, en que el médico considere que de no practicarse estará en riesgo la vida del paciente”.Al respecto, plantó el interrogante en relación a los médicos empadronados en las obras sociales: “Si un médico de una obra social determinada se niega a atender, seguir con el tratamiento o hacer una cirugía a un paciente que se niega a recibir una transfusión porque no desea incumplir su juramento hipocrático de salvar la vida, ¿qué decisión tomará la obra social? ¿Lo sancionará? ¿Le va a pedir la eliminación de la lista de prestadores por no querer atender un paciente?”. Es de esperar que en la medida en que se vayan sucediendo estos casos, se presenten complejos dilemas éticos, cuya dificultad de resolución radicará justamente en que está en juego la vida de una persona, pero que ha decidido “cortar” con los procedimientos artificiales que la mantienen viva, justamente porque no se podrá esperar mejorías ni recuperación que justifiquen continuar prolongando su sufrimiento. Cabe recordar que la ley surge como resultado de la perseverancia de varias familias que, tras vivir años viendo sufrir y sufriendo la agonía de sus seres queridos porque no existía el respaldo legal para interrumpir los procedimientos, lograron llevar el proyecto al Congreso nacional y ser escuchadas. Qué dice la leyEn su artículo primero, la Ley de Muerte Digna establece que “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado”. No obstante, señala que “en todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente, es decir, los cuidados paliativos”. En Misiones estos fueron establecidos por la Ley Provincial 53 de 2006.
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