CORRIENTES. Las tomas de tierras privadas continuaron esta semana con nuevos asentamientos, al tiempo que ya son casi mil las familias que viven en estas precarias condiciones en al menos cuatro barrios marginales de la capital de Corrientes.Los reclamos al Estado por falta de viviendas se agudizaron en los últimos días en medio de un clima de tensión política por fuertes cruces entre dirigentes de la oposición kirchnerista y el gobierno radical de Ricardo Colombi. Hace diez días se concretó de manera masiva el asentamiento más grande de la provincia en el barrio Pirayuí, ubicado al sur de la capital, cuando numerosas familias usurparon 32 hectáreas pertenecientes a dos empresas inmobiliarias de la ciudad.La Justicia provincial, que lleva adelante una causa por la usurpación, reveló ayer -al terminar un censo con asistentes sociales- que en ese barrio habitan en carpas y pequeñas casillas de chapa y madera 681 familias, en su mayoría de jóvenes de entre 25 y 35 años, con tres hijos en promedio cada una, por lo que un total 2.043 personas sobreviven en el lugar.El censo, que llegó ayer a manos de la jueza de Instrucción, Norma Agrasso, reflejó también que entre las personas mayores hay amas de casa desocupadas, remiseros, electricistas, albañiles, enfermeros y hasta policías y agentes penitenciarios de la provincia. En tanto, el ingreso promedio de los que tienen trabajo se ubica entre 2.500 y 3.000 pesos, montos por los cuales manifestaron a los asistentes sociales que no están en condiciones de comprar un terreno o pagar un alquiler, explicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.Otras tomasEn condiciones similares también se supo este jueves que otras treinta familias usurparon terrenos del barrio Esperanza, mientras que durante la semana se concretó otra toma de tierras con 200 familias en el Doctor Montaña; ambos casos se suman a otros sesenta grupos familiares que permanecen desde hace más de un año en un asentamiento en el barrio Jardín, ubicado en la zona norte. En total, se estima que en los cuatro barrios mencionados habitan 971 familias en las más precarias condiciones; las que están desde hace un año pudieron construir pequeñas casas con cemento y ladrillo y se conectaron clandestinamente a los servicios de luz eléctrica y agua potable, explicaron fuentes policiales a esta agencia.Hay 30 mil que esperanMientras tanto, el histórico déficit habitacional de la provincia, que tiene casi un millón de habitantes, arroja los siguientes resultados: según el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), unas 30 mil familias esperan inscriptas en toda la provincia desde hace varios años para adjudicarse una vivienda del Estado. Mientras siguen concretándose asentamientos, el déficit habitacional motivó un clima de tensión en la provincia con fuertes acusaciones cruzadas entre funcionarios del gobernador Colombi y la oposición provincial. El diputado kirchnerista y presidente del PJ local, Fabián Ríos, dijo que la Nación le envió a Corrientes unos 80 millones de pesos durante el primer semestre de 2012 para la construcción de viviendas, al tiempo que acusó a Colombi de tener un gobierno “débil” y “sin política habitacional”. Los funcionarios radicales, para contestar estas acusaciones, revelaron una planilla del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, que muestra que Corrientes recibió sólo 5,3 millones de pesos en lo que va del año para esas obras públicas. El titular del Instituto de Viviendas, Bernardo Rodríguez, reiteró las acusaciones contra el Gobierno nacional al sostener que “Corrientes es la provincia más perjudicada por el reparto discrecional del Plan Federal, por discriminación política”. Reapareció CastellsEn medio de esta conflictiva situación, reapareció el líder piquetero Raúl Castells, en apoyo a las familias del nuevo asentamiento y repartió culpas tanto para la Nación como para el gobierno de Colombi. Castells dijo que este año llegaron “sólo 4,5 millones de pesos de la Nación porque la Provincia tiene un gobierno radical” y que la gestión de Colombi “usó ese dinero para pagar actualizaciones de precios a dos empresas constructoras, en lugar de hacer nuevas casas”. Mientras tanto, la Justicia evalúa una resolución del conflicto por los nuevos asentamientos, aunque la jueza Agrasso dijo a la prensa que no ordenará el desalojo violento de los ocupantes para evitar enfrentamientos con la Policía.
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