POSADAS. Lo que ocurrió la semana pasada en Paraje Nueva Argentina y la movilización de colonos que se concentraron en Pozo Azul, volvió a poner de manifiesto que el viejo problema de la ocupación de tierras (uno de los enfrentamientos todavía sin resolver en Misiones) se reaviva con fuerza en toda la zona del Norte provincial. Los violentos desalojos y las muertes ocurridas en la finca en Curuguaty ocurridos en Paraguay hace poco más de una semana, y que derivaron en la destitución del primer mandatario Fernando Lugo, sumaron tensión entre los colonos quienes no hablaban de otra cosa en el encuentro de Pozo Azul, ya que fue inevitable compararlo con los desalojos que se habían producido recientemente en Nueva Argentina, donde hubo demorados por la Policía y la denuncia de casos similares en paraje Punta Alta. Según el relato de algunos colonos presentes en la reunión de Pozo Azul, la tensión en Nueva Argentina se desencadenó a raíz del cierre de caminos que dispuso un grupo empresario uruguayo, tras adquirir las propiedades (con familias dentro) que pertenecían a Agriman. De ahí que los colonos hayan resistido y volvieron a abrir los caminos, quitando los portones. Como consecuencia, intervino la Policía y detuvo a algunos colonos a los que se responsabilizó por los hechos. Asimismo se comentó que el mismo grupo económico adquirió tierras que pertenecían a la Intercontinental y está teniendo igual proceder con las familias, cuyo número de afectados rondarían las seis mil personas. Los productores contaron la preocupación de estos campesinos quienes están recibiendo avisos judiciales.Cada episodio no hace más que reavivar como va creciendo el conflicto, con sus diferentes matices, por ello, en concreto, lo que se resolvió en la reciente reunión fue reactivar el reclamo del cumplimiento de los acuerdos conseguidos, ya que los trámites están parados, pero esta vez se pretende unificar la lucha por conflictos similares en Iguazú y Puerto Piray, además de sumar a campesinos indígenas de la comunidad Iriapú, quienes ahora pidieron la renuncia al director de asuntos guaraníes. Vida indigna A fines de los años 90 el reclamo por la tierra había tenido un pico de máxima tensión con cortes de ruta y movilizaciones de los colonos para hacer valer sus derechos de posesión. Finalmente la crisis había derivado en la promulgación de la ley de tierras y colonización en noviembre de 2004, pero que se cumple a medias, ya que hay zonas que no pudieron ser expropiadas y están en litigio. La cuestión se mantuvo bastante tranquila hasta casi fines de 2008, porque quienes no habían sido alcanzados por esa normativa, se ampararon en los acuerdos políticos y las promesas de solución, que suponían un deslinde del territorio limitado por la ley de colonización que abarca poco más de 40 mil hectáreas, y beneficia a unas 1.500 familias En cualquier caso, más allá de estar amparados por la ley y por los acuerdos siguientes, hasta ahora ningún campesino cuenta con la documentación que demuestre sus derechos por la tierra y les posibilite al menos iniciar los trámites para solicitar la conexión de luz y también acceder a algún plan de desarrollo rural provincial o nacional que les permita un desarrollo de vida digna en su chacra.“En la zona se están dando casos de amenazas y desalojos, compra de tierras por parte de extranjeros, todo esto bajo un proyecto aprobado por la legislatura provincial hace días atrás, para suspensión de los desalojos y remates sobre inmuebles destinados a vivienda y producción agropecuaria única y familiar en predios rurales. Si nadie mueve la ‘cosa’ vamos a volver a retomar la lucha para conseguir resultados”, indicó una productora. Lo contemplado por la leyLa Ley de Arraigo prevé la expropiación de cerca de 41.000 hectáreas sobre un total de aproximadamente 70.000, entre todas las propiedades incluidas y que alcanza a unas 1.500 familias. Sin embargo, al menos 1.200 grupos familiares se encuentran por fuera de la expropiación, pero reclaman una solución, amparándose en promesas recibidas después de los reclamos que tuvieron lugar entre 2004 y 2008. En síntesis, las tensiones nunca desparecieron del todo; aunque desde el año 2010 se vienen realizando reuniones entre productores por este tema, en una de las cuales estuvo presente el subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, que había prometido dar una respuesta a las familias que necesitaban realizar gestiones para el acceso a la energía eléctrica, subsidios y créditos para proyectos productivos, entre otras cuestiones. El funcionario nunca volvió a hacerse presente en la zona.
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