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La expropiación del 51% de las acciones de YPF, que la presidenta Cristina Kirchner anunció el lunes pasado, cayó como un rayo en cielo sereno en el escenario político, ya que muchos creían que el gobierno K y las provincias petroleras solo presionaban a la empresa para influir en sus decisiones de inversión y suponían que la dura reacción del gobierno español, defendiendo los intereses de la petrolera, había desarticulado la estrategia argentina.Al contrario, todo indica que la sobreactuación de los voceros del presidente Rajoy, que lanzaron una batería de amenazas teñidas por una buena dosis de soberbia, a destiempo, cuando el hecho era solo un rumor de pasillo en el Congreso, terminó ayudando a crear un clima favorable a la decisión del gobierno K. Detrás de la radicalidad de la medida adoptada, y más allá de que Néstor Kirchner ya en 2003  pensara en la estatización -como recordó Cristina en su discurso en su acostumbrado tono emocional- influyen sin duda los más de 10. 000 millones de dólares que tuvo que desembolsar el gobierno el año pasado para  importar combustibles y la perspectiva de tener que invertir aún más este año de vacas flacas en materia económica.La decisión de Repsol de distribuir dividendos por más del 100% de sus beneficios en 2011, agregando el beneficio al capital y suscribiendo nuevas acciones en lugar de reinvertir ganancias para aumentar la producción y exploración de gas y petróleo, “desacopló” a la lógica empresarial de la compañía de las necesidades de la economía argentina y  colaboró a crear el campo propicio para la expropiación, una  jugada casi obligada -en este marco de desentendimiento- si el Gobierno quería mantener alguna capacidad de influir en el abastecimiento interno de combustibles. El tratamiento de la ley de expropiación enviada al Congreso, todavía en curso, testificó el apoyo en general a la medida de parte de la mayoría de las fuerzas políticas; que aunque abundaron en críticas a la oportunidad, la forma y hasta el trasfondo de la nacionalización, no pudieron dejar de reconocer que esta marca un antes y un después en un tema central, la soberanía energética y la discusión sobre la captación de la renta petrolera en la Argentina.El PRO de Mauricio Macri, el peronismo anti k y algunos partidos provinciales de matriz conservadora serían los únicos en votar en contra del proyecto, que -paradójicamente- hasta Carlos Menem, mentor de las privatizaciones de los 90, prometió votar favorablemente en el Senado, bajo la premisa de que “el escenario ha cambiado”. El apoyo de la UIA, que remarcó el carácter de política de Estado que se debe dar a la nueva gestión en YPF, garantizando el abastecimiento de energía a futuro a las fuerzas productivas, la industria y el campo argentinos, es la clave más apta para traducir esta renacionalización de una empresa emblemática, mal vendida en su momento.  El carácter estatal de la explotación del cobre en Chile -que cuenta con un activo Ministerio de Minería- y la exitosa política de la estatal Petrobras, de Brasil, son ejemplos a seguir en cuanto a la política energética;  y aún a una cuestión más amplia, la gestión de los recursos naturales estratégicos. Medidas drásticas   Al apelar a medidas drásticas, como la intervención con desalojo inmediato de los directivos de la empresa y la expropiación de las acciones de la multinacional española, el gobierno kirchnerista se colocó en el centro de la tormenta, nacional e internacional; pero al mismo tiempo volvió a dar cuenta de su capacidad para marcar la agenda en el escenario político.De aquí en adelante, correrá por cuenta del Gobierno K, a través de la dupla Julio De Vido- Axel Kicillof, en lo operativo, garantizar que  predominen los objetivos estratégicos por sobre los intereses particulares y políticos. En tanto, el  joven economista de La Cámpora y, actual ideólogo de cabecera de la Presidenta, emergió en esta operación como el referente de una nueva etapa del kirchnerismo, en la que aparentemente se plantea un “trasvasamiento generacional”, que se plantearía concretamente en las próximas internas del Partido Justicialista. ImpactoEn la provincia, el hecho más impactante de la semana -aunque nada novedoso- fue el aumento del boleto de colectivo en Posadas, Candelaria y Garupá, que ratificó la connivencia ya inmemorial, entre el Ejecutivo misionero y el grupo económico que monopoliza la concesión del transporte urbano.Fue el final anunciado. El Gobierno ya venía mostrando señales de que el boletazo era inminente. Una de ellas fue la voz cantante del subsecretario Hermes Almirón, quien cada vez se mostraba más “preocupado” porque YPF no entregaba el cupo pautado de combustible destinado a Misiones e incluso le había subido el precio al gasoil. Ocupando varias veces el traje de vocero del monopolio había dicho que el aumento de los costos castigaba a las empresas. Nunca mencionó los abundantes subsidios que recibe el Grupo Z. Ni se acordó de los usuarios. En esta ocasión, la simbólica comisión que supuestamente define la tarifa del boleto ni siquiera se reunió para la foto y hacer que acordaba el aumento. Los vecinos se enteraron de la novedad cuando empezó a trascender que había aparecido un decreto que lo autorizaba.Por su parte, la justificación del defensor del Pueblo posadeño, Marcelo Vairo, de que “no sabía nada” del boletazo, parece ser, más que una pueril defensa de una gestión inútil, la confirmación de las sospechas de que el ex presidente de “Padres Unidos” habría hipotecado la cuota de prestigio que ganó al frente de esa asociación civil convirtiéndose en un “títere” del gobierno, con lo cual vulnera la representatividad misma de la Defensoría del Pueblo.Pugilato en el ConcejoOtro episodio caliente fue la brutal agresión del concejal Jorge Peña, de Candelaria, al empresario y periodista de la misma localidad Daniel Luna y a uno de los colaboradores de éste. La imagen captada por la cámara de televisión, que recorrió los noticieros de todo el país, exime de mayores comentarios en cuanto a la gravedad de la acción. El edil pugilista debería recibir una sanción ejemplar. Peña es hombre del también polémico intendente renovador díscolo Flores. El costado pol&iacu
te;tico del caso es más curioso, ya que el agredido – enfrentado al alcalde- fue también candidato a intendente de la renovación en las últimas elecciones.  El martes se analizará el pedido de un colega del golpeador para que Peña (presidente del Deliberativo) sea destituido. En Candelaria hay expectativa por saber qué hará el resto de los concejales. El papelón trascendió largamente las fronteras del municipio y de la provincia. Del lugar donde el escándalo dejó parado a Peña es muy difícil volver.