POSADAS. El cuarto “Juicio por la Verdad” que se lleva a cabo en el Tribunal en lo Criminal Federal de Posadas y en el que están acusados por más de sesenta delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar, cinco ex integrantes de la Policía de la provincia de Misiones, se reinició ayer con una nueva ronda de declaraciones testimoniales.En los relatos que proporcionaron varios testigos, se contó con los de María Josefa Estévez y Alejandro Rodríguez, que fueron secuestrado juntos de su domicilio.Rodríguez resaltó que en su detención estuvo presente “el acusado Giménez y el comisario Glinka, quien era el único que estaba de riguroso uniforme policial”, describió. El ex detenido Alfredo Escobar también corroboró la participación de Glinka, quien lo recibió en la Jefatura de Policía tras las primeras torturas sufridas luego de su secuestro. El acusado Carlos Alberto Pombo fue mencionado también en las declaraciones de Epifanio Acevedo y su participación “fue muy comentada por los detenidos porque muchos lo conocían por ser un famoso jugador de fútbol”, destacó Rodríguez. En la audiencia, dedicada a las declaraciones de testigos presentados por la acusación, el abogado Rafael Pereyra Pigerl, querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó que se incluyan en la causa las recientes confesiones públicas del dictador Jorge Rafael Videla; quien en estos días reconoció la existencia de un plan sistemático de detención y desaparición de personas.El Tribunal estudiará la admisión de este material en el juicio, incluyendo las grabaciones de las entrevistas que realizó el periodista Gustavo Rearte a Videla en la cárcel y que dieron lugar a un libro de reciente aparición, en el que constan las confesiones del represor.El abogado Alejandro Ortellado, que defiende al médico policial Roque Mendoza, reaccionó pidiendo que se incluyan también declaraciones radiales de Martín Almada, el ex preso político paraguayo que denunció el Plan Cóndor y que estuvo en Posadas el Día de la Memoria, coincidiendo con el inicio del juicio oral a los cinco policías.“Videla es quien dio el golpe de Estado, quien fue condenado en la primera causa – la causa 13- por eso me parece trascendente e importante incorporar ese documento, porque lo que estamos haciendo no es más que una reconstrucción histórica, entendiendo con esto ya claramente como funcionaba el sistema represivo”, explicó Pereyra Pigerl. Por su lado, Ortellado señaló que el espíritu de presentar las declaraciones de Almada como prueba es que este, “con mucho coraje, ha preservado, encontrado y ofrecido a la comunidad internacional las documentaciones halladas en la que denota toda la sistematización llevada a cabo en el Plan Cóndor”.Ortellado sugirió que el Ministerio de Derechos Humanos, que promueve el juicio a los ex policías, en contradicción con su actitud respecto a las denuncias de Almada, “encubre la incineración de las documentales por parte del Estado misionero, efectuado por el decreto 897 de 2005”. El defensor insiste en sostener que por obra de ese decreto se habrían perdido pruebas importantes de lo actuado por la represión en el área de la Policía de Misiones, lo que -a su juicio- le impide ejercer una defensa consistente de su defendido, el médico Guillermo Roque Mendoza, quien está acusado de tres hechos en los que habría prestado asistencia médica a detenidos durante o a posteriori de la tortura. El tema del decreto impugnado por la defensa de Mendoza reapareció ayer en la declaración efectuada por el ex preso político y ex ministro de Gobierno Esteban Lozina, quien dijo desconocer al existencia del decreto, aunque no que este no haya sido emitido. Lozina expresó una duda sobre las afirmaciones de Ortellado, al recordar que “según creo y se ha publicado oportunamente, los archivos de Investigaciones de la Policía se quemaron durante el gobierno de Julio Humada”. En su momento, Humada había justificado la quema, señalando que se trataba de borrar las huellas de actividades de inteligencia que podrían incriminar injustamente a ciudadanos misioneros. Bajo investigaciónTambién en la audiencia de ayer, luego de que declararan el trabajador Epifanio Acevedo y el funcionario de Desarrollo Social Alfredo “Pelo” Escobar, surgieron datos a partir de los cuales la Fiscalía impulsaría una investigación sobre las circunstancias en que habría muerto el detenido Miguel Ángel “Gato” Sánchez.Mientras Escobar recordaba que la familia había recibido el cadáver del detenido -de quien había sido amigo y compañero de secundaria- “en un cajón cerrado y con la advertencia de que no se podía abrir”, Acevedo detalló en su testimonio cómo habría muerto Sánchez.“No dormíamos en cama, estábamos siempre, después de ser golpeados y torturados, colgados de una mano y con las puntas de los pies cerca del piso”, graficó Acevedo. Dijo que una noche en el centro clandestino de detención conocido como “la casita de Mártires” sintió como los represores comentaban la muerte de Sánchez, que se encontraba a su lado; “porque tomó agua y eso no hay que hacer”. La fiscal Vivian Barboza, a cargo de la acusación, señaló que la Fiscalía, basándose en las declaraciones de Acevedo y Escobar, “va a solicitar que se investigue bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento de esta persona y -cómo le entregaron después el cuerpo a sus familiares, ver con sus familiares, cuáles fueron las circunstancias conocidas de su muerte- a los efectos de la responsabilidad que le cabe, en el caso de ser así, a la fuerza de seguridad que haya producido esta muerte”.El caso “está sujeto a investigación, hay que ver dónde murió, bajo qué fuerza de seguridad se encontraba en ese momento, si fue aquí o fue en Resistencia, porque fue trasladado también, hay que verificar, sobre todo, lo declarado por Acevedo, en cuanto a que en este centro clandestino de detención, aquí en Misiones, él escuchó que habría muerto Sánchez, eso habría que chequearlo, para ver dónde falleció”, precisó Barboza. En cuanto a las testimoniales dadas desde el inicio del juicio, estimó que “hasta ahora tenemos elementos como para acreditar la activa participación de la Polic&
amp;iacute;a de la provincia, más específicamente de personal perteneciente a la Dirección de Investigaciones, en este accionar de las denominadas fuerzas conjuntas en el aparato represivo armado desde el Estado”, remarcó. “No tenemos que olvidarnos nunca que la regla era estar vendados, no podían ver, excepcionalmente se les sacaba la venda, pero también era difícil en las condiciones que estaban poder hacer un reconocimiento. Pero todo esto se realizaba en la clandestinidad, ocultaban los nombre y las identidades, porque era ilegal lo que estaban haciendo”, recordó Barboza. HomenajeEl abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rafael Pereyra Pigerl, quien pidió ayer que se citara al ex dictador Videla, hizo un homenaje en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN por el recientemente fallecido titular de la cartera de Derechos Humanos de la nación.El abogado señaló que las jornadas de debate oral tienen una significación muy especial por estos días tras el reciente fallecimiento del secretario Eduardo Luis Duhalde, quien fue uno de los impulsores de estas instancias de justicia y memoria en todo el país.“En el año 2008 y a instancias de la decisión y el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a Ana María Figueroa, asumimos el rol de querellantes por el Estado Argentino en el primer Juicio por la Verdad que se desarrolló en la provincia por la desaparición del ingeniero Alfredo González en la última dictadura militar. El compromiso de Duhalde con la verdad, la memoria, la justicia y la reparación de todo ese proceso de terrorismo de estado fue y es fundamental en estas instancias y representa el compromiso de todo el Estado argentino, por eso seguiremos más firmes que nunca”, señaló. Duhalde, cabe señalar, fue uno de los primeros abogados en defender a presos políticos en la dictadura.
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