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Venezuela abre corredor humanitario

5 septiembre, 2015

Venezuela abrió ayer la frontera con Colombia para permitir que niños que habían interrumpido sus estudios por el cierre parcial de la zona limítrofe puedan asistir a clases pese a la crisis bilateral, informó el Gobierno colombiano.El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que, tras el cierre de la frontera colombo-venezolana, el Gobierno Bolivariano ha establecido un corredor humanitario para que 350 niños escolares registrados, puedan cruzar la línea y de esta manera garantizar el derecho a la educación de estos infantes.A estudiar a Colombia“Es importante destacar que los niños que estudian en Colombia están saliendo por el puente de San Antonio del Táchira, en autobuses, en dos horarios en la mañana y en la tarde; 350 niños, que antes salían por las trochas, están asistiendo a clases”, aseveró el vicepresidente Arreaza desde la Casa Amarilla, a la salida de la reunión con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el país.“¡Buenas noticias! Habilitado el corredor humanitario en la frontera para que los niños regresen a clase”, informó ayer vía Twitter la cartera de Educación en Colombia. Cerca de un centenar de estudiantes atravesaron ayer el corredor humanitario que fue habilitado por Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar para pasar a Colombia y retomar las clases que tuvieron que interrumpir hace dos semanas por el cierre de la frontera, informaron fuentes oficiales.Los estudiantes de primaria y secundaria, así como algunos universitarios, pasaron el puente que comunica a San Antonio (Venezuela), con Cúcuta (Colombia), donde fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Educación y por el alcalde de la ciudad, Donamaris Ramírez.La apertura de este corredor humanitario fue una de las condiciones planteadas por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y discutir soluciones a la crisis fronteriza iniciada el 19 de agosto con la orden del mandatario del país vecino de cerrar la frontera entre Cúcuta y San Antonio.“Reiteramos que el interés de los niños y niñas es un interés superior, y debe estar por encima de los intereses políticos”, agregó la ministra colombiana. Por su parte, el alcalde de Cúcuta celebró el paso de los niños a Colombia. “Estos niños venezolanos de padres colombianos primero llegarán a desayunar y retomarán sus clases”, manifestó Ramírez a periodistas mientras recibía en un estrecho callejón abierto al lado de las alambradas que cortan el puente internacional a los estudiantes con sus uniformes y mochilas.Condiciones para el diálogoEl presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que está dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para abordar la crisis fronteriza siempre y cuando cumpla tres condiciones relacionadas con el respeto “a los derechos fundamentales de los colombianos”.“Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme, pero los colombianos necesitan que se les respeten los derechos fundamentales y necesitamos que dé pasos en esa dirección”, declaró SantosPermitir el paso de los menores fue una de las “condiciones” que el presidente Juan Manuel Santos impuso el jueves para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de solucionar la crisis fronteriza que tensa las relaciones bilaterales desde hace tres semanas.“Es un gran paso, los dos presidentes tendrán que conversar en su momento. Todos los que vivimos en la frontera esperamos esto”, afirmó en entrevista con Blu Radio Alejandro García, alcalde del municipio venezolano de Ureña, limítrofe con el colombiano de Cúcuta.Más de un millar de niñosPor el puente internacional Simón Bolívar -cerrado por orden de Maduro-, se espera el tránsito de entre 1.000 y 1.500 niños que, aún residiendo en Venezuela, estudiaban en Colombia, agregó García.Para sostener un diálogo con Maduro, Santos pidió además permitir el ingreso de quince camiones a territorio venezolano para que los cerca de 1.300 deportados colombianos puedan recuperar sus pertenencias, así como el respeto de los “protocolos mínimos” para la expulsión de estas personas de su territorio.Si esas “condiciones mínimas humanitarias se cumplen, yo me siento a arreglar este problema”, dijo el jueves el jefe de Estado colombiano.Tensión bilateralLa crisis comenzó el 19 de agosto con el cierre de parte de la frontera decretado por Maduro en el estado Táchira, limítrofe con el departamento colombiano de Norte de Santander, tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que el mandatario atribuyó a “paramilitares colombianos”.La tensión aumentó hace una semana, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los damnificados, que suman más de 11.000 entre quienes han sido deportados y quienes han huido de Venezuela por temor a serlo.Ambos países comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que se lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el Gobierno venezolano. Fuente: Agencia de Noticias AFP/NA

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Desde las 19 horas de este viernes, la costanera de Villa Lanús se llenará de brillo, ritmo y color con el inicio oficial de los Carnavales Posadeños 2026. Las comparsas mostrarán el trabajo realizado durante las últimas semanas, renovando el legado de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad. Actualmente, las agrupaciones confirmadas son Arcoíris, Afrodita, Guazú Samba, Sambatuque, Deisy, Beisa Carioca y Beleza, provenientes de distintos barrios de la ciudad.
Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
Investigadores del INTA impulsan desde hace un par de años la Agricultura 4.0 mediante el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y modelos de bajo costo para pequeños productores. El objetivo es cerrar la brecha entre los pequeños yerbateros y los gigantes tecnológicos.
Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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