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Preocupa la falta de recursos humanos en la Justicia Federal

13 junio, 2018

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, llegó a Posadas y advirtió la necesidad de “reforzar las jurisdicciones en el interior provincial”. El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Alberto Piedecasas, estuvo ayer en esta ciudad y señaló que las principales falencias que enfrenta la Justicia Federal están relacionadas a “la falta de recursos humanos, tecnológicos e infraestructura edilicia”.


El magistrado llegó para tomar los exámenes a los postulantes a juez en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, el Juzgado Federal de Oberá y el de Puerto Iguazú, que si bien no está habilitado, estiman que “podría comenzar a funcionar a principios de 2019”. “Entendemos que un Juzgado Federal en Iguazú es vital para reforzar la Justicia en toda la zona Norte”, apuntó Piedecasas en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Se refirió también al proyecto que envió el Ejecutivo nacional al Congreso para la creación de 94 juzgados federales en todo el país, medida que calificó de “necesaria”. Y expresó que la Magistratura “está preparada para designar a los nuevos jueces”. 

En este contexto, Piedecasas sostuvo que “hay un alto consenso” para combatir el narcotráfico en las fronteras y detalló que son tres los aspectos fundamentales en este sentido. 

“Primero se necesita reforzar la estructura de la Justicia Federal para que el componente humano sea adecuado y suficiente. Segundo se requieren recursos técnicos, cuerpos periciales específicos, laboratorios y hornos pirolíticos. En tercer lugar también debe existir una debida articulación y preparación de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales”, enumeró el magistrado. Y sentenció que si bien no cree que la Argentina sea un país narco, “hay que cortar esa posibilidad de situación que se ha dado en otros países de Latinoamérica, ya que “puede llegar a replicarse en nuestro país”. “Creo que estas son las medidas adecuadas para evitar esto”, aseguró.

¿Cuál es la situación de los juzgados federales en las provincias?

Tenemos un problema importante en la cobertura de vacantes que, creemos, vamos a solucionar para fin de año. 

Estamos llegando a las 200 ternas elevadas, cuando el anterior Consejo, en cuatro años, tuvo 45. Si el próximo Consejo que asume en el 2019 trabaja con este ritmo y de manera sostenida, creo que se va a solucionar este problema de vacantes en la Justicia Federal de la Argentina. 

¿Cómo están a nivel presupuestario?

Tenemos un equilibrio razonable. Obviamente siempre son escasos los recursos, pero hemos logrado optimizar la gestión. En el interior del país siempre tenemos el mismo problema relacionado a las estructuras edilicias y tecnológicas, es decir, las comunicaciones. Para sostener, por ejemplo, un expediente judicial digital se necesitan buenos edificios y tecnologías.

¿Se planteó la posibilidad de implementar exámenes para funcionarios a través de una plataforma digital?

Se habló de un proyecto por el cual las evaluaciones orales se podrán transmitir por Internet. Estamos en condiciones de hacerlo. No tanto para la evaluación sino para la entrevista que esperamos puedan ser transmitidas, así se podrá observar la transparencia del proceso.

¿Están colapsados los juzgados federales?

No estamos frente a un colapso. Sí estamos frente a requerimientos importantes por parte de las jurisdicciones, principalmente por recursos humanos, tecnológicos, e infraestructura edilicia.

¿Qué piensa de la reforma judicial?

Es un concepto muy amplio. Creo que hay que impulsar la reforma normativa. Hay cuestiones que se van a plantear a nivel legislativo para que los jueces y fiscales tengan todas las herramientas para trabajar adecuadamente. Una de ellas es el nuevo Código Procesal Penal. Estamos trabajando fuertemente en esto. Creemos que podrá aplicarse a fin de año en Salta, será la primera experiencia de un Código Procesal Penal sobre la base del expediente digital. Con su entrada en vigencia, vamos a dar un paso enorme en la implementación de un sistema acusatorio que reemplazará al sistema tradicional que tenemos hoy. 

De igual manera, creo que el nuevo Código Penal es una herramienta normativa también muy necesaria, sin embargo recién está por ingresar al Parlamento.

¿Cree que existe la independencia en el Poder Judicial?

Estamos en niveles adecuados de independencia. Hemos incorporado herramientas de acceso a la función pública de manera tal que la participación ciudadana aumentó y hoy nos encontramos en condiciones de decir que tenemos una situación de parámetros lógicos, razonables y adecuados.

¿Cuál es su opinión con respecto a la posibilidad de extensión del horario de atención en los juzgados?

Siempre digo que es mucho más rentable invertir en un entorno digital que te permita tener un acceso las 24 horas, antes que extender las horas de trabajo del personal.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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