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San Vicente: vuelven a reclamar refugios para los usuarios del transporte urbano

23 mayo, 2018

Hace cuatro años, se aprobó una ordenanza para la instalación de resguardos en las paradas de colectivos, pero nunca se concretó. Ahora, otro proyecto del Concejo busca que el Ejecutivo lleve adelante la tarea. Ya pasaron cuatro años desde que se sancionó en esta ciudad una ordenanza que designó las paradas de colectivos urbanos de pasajeros y estableció un modelo de refugios para los usuarios; sin embargo, hasta ahora hay un solo resguardo instalado. 


El proyecto de ordenanza lo había presentado la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local, que había sido también la encargada de buscar adherentes para que financien ese mobiliario. Luego el Municipio se hizo cargo y todo quedó paralizado.

Además, va en aumento la demanda del servicio urbano. Es que San Vicente se extiende hacia la periferia, cada vez más lejos del epicentro urbano, de los colegios, escuelas y dependencias públicas. Así, más familias se radican en los conglomerados nuevos que surgen en forma desordenada y requieren el servicio del transporte público para llegar al centro de la ciudad. La espera se hace inevitablemente a la intemperie o bajo el toldo de algún comercio cercano.

Proyecto reflotado

En este contexto, el último lunes tomó estado deliberativo una iniciativa para que el Ejecutivo construya -o busque la forma de colocar- los esperados resguardos en las paradas de colectivos. 

El autor del proyecto es el edil Víctor Núñez, del Frente Renovador, quien presentó un mapa señalando algunas de las paradas más utilizadas por los usuarios del transporte. Allí no hay dónde resguardarse de la lluvia, el sol o las bajas temperaturas. 

Antecedentes

Se reflota así la ordenanza aprobada en 2014 que designó las paradas del servicio urbano de pasajeros en la zona céntrica de San Vicente y en los barrios más cercanos, y en la que incluso se estableció un modelo de construcción de los resguardos. Esa normativa designó a la Cámara de Comercio Industria y Turismo encargada de buscar, entre sus socios, financiamiento para las construcciones, a cambio de publicidad en ellas.

Pasaron cuatro años y sólo se construyó un resguardo para los pasajeros del servicio urbano de transporte, en la avenida Libertador, que fue el modelo que mandó a hacer en su momento la Cámara de Comercio, como ejemplo de lo que serían las demás.

Cuando se aprobó la norma, la misma Cámara había pedido ser designada para tener a su cargo la instalación de los refugios. El tiempo pasó y, como los mercantiles no consiguieron quiénes financiaran las paradas, dejó de nuevo en manos del Ejecutivo municipal la tarea.

Pero lamentablemente esto tampoco prosperó. Sólo en algunos barrios alejados del centro los vecinos, nucleados en comisiones barriales, instalaron o consiguieron que algún comerciante financie la construcción de resguardos para los vecinos de su zona. En la parte céntrica de San Vicente, todo sigue igual.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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