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Allanaron dependencias de la Gobernación chaqueña por una denuncia de lavado

9 marzo, 2018

Puntualmente, se investigan los movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, herramienta utilizada por el Gobierno para los negocios con proveedores del Estado y a través de la tercerizaciòn de diversos servicios mediante empresas privadas, como agencias de publicidad.La justicia federal de Chaco ordenó hoy una serie de allanamientos en dependencias de la Gobernación provincial, en el marco de una denuncia por supuesto lavado de dinero contra dos funcionarios de la administración del mandatario Domingo Peppo.

  
 Se trata del secretario general del Gobierno, Horacio Rey, y el subsecretario de Comercio, Marcelo Lugo, señalados por los delitos de evasión, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública y lavado de dinero.
   
Puntualmente, se investigan los movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, herramienta utilizada por el Gobierno para los negocios con proveedores del Estado y a través de la tercerizaciòn de diversos servicios mediante empresas privadas, como agencias de publicidad.
   
Según informó el diario local Norte, el vicegobernador Daniel Capitanich, que se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial por el viaje del mandatario a Washington, podría dar a conocer en las próximas horas el desplazamiento preventivo de ambos funcionarios y de otros de menor rango.
  
 La jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirpemperger, dispuso operativos en una agencia de publicidad que depende del gobierno provincial, una guardería náutica, dos oficinas de un fideicomiso, la vivienda de Rey, la Secretaría Legal y Técnica, y algunas oficinas de Desarrollo Social.
   
Tras los procedimientos, la Gobernación afirmó que “ordenó la plena colaboración con la Justicia”, en el marco de la investigación.
   
“Ante una denuncia anónima por supuesta comisión del delito de lavado de activos y en el marco de la investigación fiscal a fin de determinar la veracidad de la misma, en el día de la fecha, ante la requisitoria judicial, el Gobierno Provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017 como así mismo de otros organismos”, expresó la administración chaqueña.
   
En un comunicado, informó que “el gobernador Domingo Peppo ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades”.
  
 Por su parte, los legisladores del interbloque parlamentario de Cambiemos, presidido por Carim Peche, anunciaron que pedirán la interpelación “urgente” de todos los funcionarios provinciales investigados por Niremperger, “ante la gravedad institucional” de las medidas ordenadas por la jueza.

Fuente Noticias Agentinas 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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