Resulta lamentable escuchar a vecinos hablar que fulano o mengano está enganchado a la red eléctrica o tiene un amigo en EMSA o en alguna cooperativa que “le toca” el medidor para pagar menos.
Lo que se naturalizó entre los misioneros, no es más que atentar contra los propios bolsillos de los usuarios que, dentro de la ley, bajaron un medidor y pagan las tarifas oficiales fijadas por la Nación y la Provincia.
No denunciar a estos avivados, colaborar con ellos, cobrarles un aporte para no inspeccionarlos es parte de una corrupción que, evidentemente, se arraigó en un servicio que cada tarifazo nos recuerda lo importante (y caro) que es para todos.
Es bueno recordar que, así como cuestionamos a las autoridades por las decisiones que adoptan cuando deben subir las tarifas, hagamos lo propio con quienes consumen colgados energía eléctrica puesto que ninguno de los enganchados sufre los tarifazos ni los golpes en el bolsillo que deben padecer quienes sí pagan mes a mes las abultadas facturas de luz. Porque a ellos no les preocupa si CAMMESA le vende al doble a Misiones o la provincia aplica el VAD en mayor porcentaje.
Lo también lamentable es que no exista en EMSA como en las cooperativas una presencia más activa en las zonas donde es vox populi que decenas de familias se bajaron la luz sin las medidas de seguridad ni el aval de las prestatarias. Amparados en que son familias en su mayoría sin recursos, se los deja hacer mirando al costado en lugar de aplicarles un consumo social con la asistencia formal del Estado.
Aunque no en todos los casos es así: hay que prestar atención lo que se reveló en Iguazú donde hay cientos de familias que pueden pagar una conexión de videocable pero no así la energía eléctrica. Y hablamos de Iguazú porque allí la dirigencia se animó a plantear el debate, ese que haría falta que hicieran quienes conducen EMSA con los intendentes para que la empresa provincial y las cooperativas sean un poco más viables de lo que son ahora.
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