Sin sentencia firme ni orden Judicial, el Gobierno de Corrientes quiso hacerse cargo de los usuarios e instalaciones del servicio eléctrico. No se descartan cortes de ruta y otras medidas de fuerzas.
Mientras se espera una sentencia firme de la Justicia, haciendo mención a un decreto y utilizando la fuerza pública, el Estado de Corrientes quiso tomar posesión de las líneas, instalaciones y la prestación de energía de la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro, generando este jueves una manifestación a la vera de la ruta nacional 14 por parte de los socios, trabajadores y dirigentes cooperativistas.
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Socios y empleados de la cooperativa de Virasoro resisten la toma por parte del Estado
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Desde la institución se explicó que con esta acción, el gobierno provincial pone en situación de riesgo a una cooperativa nacida en 1960 para brindar electrificación rural, que a lo largo de su historia fue incorporando prestaciones para su comunidad, entre ellas, agua potable, cloacas, gas envasado, sepelio y agua envasada. Cooperativa que -además- acompañó el crecimiento de Gobernador Virasoro llevando la energía a cada rincón del área de concesión, con 3.000 kilómetros de líneas eléctricas tendidas, más de 1.500 transformadores de propiedad de los socios, mantenidas con recursos propios, que llegan a las localidades de Ituzaingó, San Carlos, Liebig, Garruchos, Garabí, Santo Tomé y Paraje San Justo. Las cooperativas tienen su fuerte en los principios y valores solidarios que las sustentan y en el capital humano que les da vida. La Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro representa a más de 11.000 socios/usuarios y genera 93 puestos de trabajo directos. Ese entramado humano, económico y social, corre peligro hoy por una medida injusta e ilegal del gobierno provincial, sentenciaron.
La Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro Limitada está afectada por el Decreto 3253/16, firmado por el gobernador Horacio Ricardo Colombi, que determina el cese de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la cooperativa y lo traspasa a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.
La cooperativa tiene la propiedad del 85% de las líneas instaladas en el área de concesión y el otro 15% le pertenece al Estado de Corrientes. En el año 2000 el servicio en la región era deficitario había 700 usuarios y ninguna industria, 17 años después, esta zona tiene un crecimiento productivo con más de 3.000 usuarios y casi 70 industrias. La ecuación económica ha cambiado, entonces, lo que ahora pretende el gobierno es imponer el traspaso de la zona productiva y dejarle a la Cooperativa las zonas marginales.
El gerente de la Cooperativa, Gonzalo Cabral explicó que la pérdida de la concesión de las líneas significaría la pérdida del 70 % de los ingresos generando la quiebra de la institución, poniendo en riesgo el resto de las prestaciones de servicios como agua, cloacas, sepelio, gas, agua envasada. Además de perjudicar al personal de la Cooperativa que también corre el mismo riesgo de perder su fuente laboral.
Asimismo Cabral contó que desde diversas instituciones se solicitó que por medio de un documento al Gobierno de Corrientes revisar la decisión administrativa de tomar posesión de las líneas, respetar el proceso judicial en curso y fundamentalmente abrir una instancia de diálogo que busque preservar el interés de los socios/usuarios y fortalecer el camino participativo, de autogestión y democrático que propone el cooperativismo.
Apoyo
Este intento de avance del Estado Correntino sobre la institución cooperativa, motivó el apoyo concreto y solidario de organizaciones nacionales y provinciales del sector. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), José Álvarez expresó que “el decreto 3253/16 es ilegítimo e ilegal, implica la violación del estado de derecho y una verdadera expropiación de los bienes de una cooperativa, lo que en la práctica implica la quiebra de la institución con la pérdida de 93 puestos de trabajo directos. Asimismo, tanto la Federación de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP) como la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM), Confederación de la República Argentina Ltda. (COOPERAR), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), expresaron públicamente su preocupación por la situación de la cooperativa y, junto con FACE, acompañaron la búsqueda de un diálogo que, hasta el momento, no ha dado resultados favorables.
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