Alejandrino Rojas Schmid – Posadas (Misiones)
Señora Directora: Es evidente que en este tiempo reciente, los argentinos estamos viviendo en una plutocracia que de acuerdo con decisiones y acciones que se reiteran constantemente, amenaza el régimen democrático que con muchos altibajos impera en el país desde el 10 de diciembre de 1983. Y sólo para mencionar un caso de los varios realizados, vale recordar que la decisión del gobierno nacional de modificar una ley por decreto sin que nadie alce la voz en contra, como sucedió con un blanqueo de capitales que en su versión legislativa excluía a familiares de funcionarios de gobierno y a los que el decreto habilitó después, es una pauta irrefutable.
A ello se suma ahora el denominado megadecreto que, más allá de los beneficios que pudiera traer a las políticas del gobierno, modifica una veintena de leyes sin la intervención del Congreso de la Nación. Entre ellas algunas referidas a temas que expresamente la Constitución Nacional prohíbe ser contempladas en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como el que acaba suscribir el presidente Mauricio Macri y su gabinete ministerial. Pero salvo algunas honrosas excepciones, pareciera que la oposición fue cooptada por el gobierno, ya que reina absoluto silencio ante esta flagrante violación a la letra constitucional que impide al Ejecutivo toda posibilidad de legislar con la declaración agravante de la nulidad absoluta de esos actos. Las vacaciones no sirven como justificación para esa complacencia.
En gran medida, el gobierno tiene un Congreso cómplice que con las recientes reformas tributarias y previsional convalidó el chantaje de la Nación a las Provincias, imponiéndoles la sanción de normas que terminarán perjudicando la viabilidad de muchas de ellas. Éstas se verán obligadas a un ajuste permanente despidos y desaliento de la producción, mediante- que perjudicará las economías regionales en beneficio de un poder central que ya históricamente fue quien más se aprovechó de los recursos federales. Así sucedió, salvo excepciones que confirman la regla, desde el momento mismo de la organización nacional en 1853 y más aún tras la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861) que marcó la supremacía centralista porteño-bonaerense sobre la entonces Confederación Argentina.
De alguna manera, en este último tiempo hubo en retorno a esas raíces del régimen aristocrático y plutocrático de la segunda mitad del siglo XIX, donde la democracia era para unos pocos. Las mayorías recién tuvieron participación tras la Ley Sáenz Peña, en 1912 (Hipólito Yrigoyen será electo presidente con su aplicación en 1916) y las mujeres desde 1949, cuando adquieren ciudadanía (votarán por primera vez en 1951).
El sistema republicano establecido en nuestra Constitución Nacional, a semejanza del adoptado en los Estados Unidos, divide el gobierno en tres poderes. La intromisión en las atribuciones de alguno de los otros por uno de ellos, lo pervierte y desvirtúa, y por ende cuestiona de base al régimen democrático (republicano, representativo y federal) vigente en la Argentina.
Esas reglas institucionales pueden modificarse, es cierto; pero en tanto estén vigentes deben ser respetadas y no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Legislativo y el Judicial. De otra manera, la corrupción y degradación del Estado como sociedad organizada será inevitable.
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