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La primera rebelión del campo argentino

El 25 de junio de 1912 tuvo lugar el llamado "Grito de Alcorta", en la homónima localidad del sur santafesino.

25 junio, 2025

En el interior de la provincia de Santa Fe, se iniciaba hace exactamente 113 años el levantamiento de pequeños productores de la región que luego se extendió por toda la zona pampeana.

La rebelión marcó la irrupción de los chacareros en la política nacional y el inicio de su organización gremial representativa.

La gran concentración de tierras en manos de los terratenientes y el despojo que le quedaba a los chacareros tras pagar las cuotas de arrendamiento fue tan sólo una de las claves del alzamiento que sumó a 100 mil agricultores.

Así lo cuenta el historiador Felipe Pigna en su sitio web:

“La Argentina era, para fines del siglo XIX, la tierra de la gran promesa (…) Les habían dicho que del otro lado del Atlántico había una tierra rica, tan rica que alcanzaba para todos, donde todos podrían tener su lugar en el mundo, donde nadie los mandaría y serían finalmente libres. La promesa era atractiva tanto para aquellos que se sentían perseguidos por el hambre como para los que además de la miseria los perseguían literalmente las autoridades locales por profesar ideas socialistas o anarquistas.

Para cuando la oleada inmigratoria se fue volviendo marea, a partir de 1880, la tierra prometida ya estaba repartida. La llamada “conquista del desierto” había entregado millones de hectáreas a los mismos de siempre en lugar de reservarlas para los inmigrantes como planteaba la Ley Avellaneda.

Muchos, con gran dolor y algo de resignación decidieron quedarse en Buenos Aires a trabajar en lo que pudieran. Otros se arriesgaron a encaminarse con sus familias al campo a intentar cumplir aquel sueño que les había servido de combustible para llegar hasta aquí. La mayoría rumbeó para el Norte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y Córdoba, consolidando la Pampa Gringa que había empezado a tomar forma a partir de las colonias creadas a mediados de la década de 1850.

Cuando bajaron de los vagones polvorientos del Central Argentino comprobaron que su escaso capital no les alcanzaba para comprar ni un palmo de tierra y que los grandes propietarios no vendían una sola hectárea porque habían encontrado el método más cómodo y rentable de valorizar sus tierras: arrendarlas a los inmigrantes que llegaban sin parar desesperados a la zona.

Los inquilinos se harían cargo de todo: sembrarían por su cuenta y riesgo, alquilarían a los propietarios –y sólo a los propietarios- los elementos de labranza y las trilladoras, les entregarían los cereales limpios y embolsados -en bolsas que sólo podían comprarles a los dueños del campo- listos para su traslado al puerto y quedaría para los dueños entre el 40 y el 50% de la producción.

La cosa no terminaba ahí. Los arrendatarios, que comenzaron a ser llamados “chacareros”, no podían sembrar otro cultivo que los pactados con los dueños y no podían criar ganado ni caballar, ni vacuno si no pagaban una abultada suma en carácter de “multa”. La mayoría de los chacareros se veía obligada a comprar todos los elementos necesarios para su vida diaria en los almacenes de sus patrones a precios varias veces superiores a los valores de mercado, lo que los llevaba a vivir endeudados de una cosecha a la otra.

La cosecha de 1911 había sido particularmente mala y las deudas se multiplicaron y cuando todo parecía solucionarse en 1912 con una muy buena cosecha, la perversidad del sistema se puso en evidencia: a los labriegos sólo les alcanzó para pagar lo que debían a sus propietarios y ni siquiera pudieron cancelar los importes de las libretas con los almacenes que no pertenecían a la patronal.

Y fue justamente un almacenero de pensamiento socialista, Ángel Bujarrabal, el que comenzó a coincidir con sus clientes en que las injusticias eran demasiadas, que trabajaban de sol a sol y cada vez estaban más pobres, que él no era su enemigo y que estaba dispuesto a ayudarlos, que lo principal era organizarse para cambiar el sistema de arriendos.

Así fue como un 25 de junio de 1912 se reunieron en la Sociedad Italiana de Alcorta, unos dos mil chacareros de la zona. Allí pudo escucharse la voz de Francisco Bulzani decir: “No hemos podido pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una buena cosecha y ella ha llegado pero continuamos en la miseria. Esto no puede continuar así. Los propietarios se muestran reacios a considerar nuestras reclamaciones y demandas. Pero si hoy sonríen por nuestra protesta, puede que mañana se pongan serios cuando comprendan que la huelga es una realidad”.

Y así comenzó la huelga de los chacareros, que se extendió del Sur de Santa Fe a Córdoba y Buenos Aires. Pedían la rebaja de los arrendamientos, la libertad de contratación, un mínimo de cuatro años para los contratos, cosas lógicas. A la protesta se sumaron los sacerdotes José y Pascual Netri y el abogado Francisco Netri.

La reacción de los estancieros no se hizo esperar y acusaron de agitadores a los huelguistas. En la asamblea de la Sociedad Rural de Rosario, reunida el 13 de julio de 1912, para condenar la huelga y evaluar los pasos a seguir, todos se quedaron asombrados cuando uno de sus socios pidió la palabra e invitó a los presentes a evaluar las justas razones de los chacareros y los invitó a salvar la cosecha acordando con los huelguistas. El que así hablaba era Lisandro de la Torre, quien propondría, poco después, convertir en propietarios a los arrendatarios y a los jornaleros rurales y se pronunciaría por una profunda reforma agraria.

Pero no todos pensaban como Lisandro y se lanzó sobre los huelguistas una dura represión que incluyó el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes y hasta del sacerdote José Netri por 60 días en la Jefatura de Policía de Rosario. El flamante gobierno radical de Santa Fe que había llegado al poder gracias a la Ley Sáenz Peña, ordenó a una comisión la elaboración de un informe que concluyó que los reclamos de los huelguistas eran absolutamente justos y aconsejaba la fijación por escrito de contratos de arriendos justos y previsibles en los que los gastos de embolsado y acarreo corriera por cuenta de los propietarios y se liberara a los arrendatarios del pago de garantías de calidad de cultivos.

La comisión entendió que había que ir un poco más allá y que el Estado tenía un rol fundamental en facilitar el acceso a la propiedad de la tierra para los verdaderos agricultores y en otorgarles ventajas impositivas, subsidios para fletes y créditos blandos para comprar elementos de labranza y semillas.

Para fines de julio la huelga comenzó a obtener sus primeros triunfos: en la mayoría de los campos comenzaron a aceptarse las condiciones de los huelguistas y se firmaron nuevos contratos de arrendamiento.

El 15 de agosto de aquel 1912 los chacareros se reunieron en la Sociedad Italiana Giuseppe Verdi de Rosario dando nacimiento a la Federación Agraria Argentina bajo la presidencia del dirigente socialista Francisco Noguera y la asesoría letrada de Francisco Netri. Poco después, Netri pasaría a ocupar la presidencia”.

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Tags: AniversarioEfeméridesGrito de Alcortaparo del campo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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