El diputado Mario Pegoraro (Cambiemos) presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción de Oberá solicitando se lo admita como “Amicus Curiae” o “Amigo del Tribunal” en la causa por la caída en el puente ubicado en la ruta 103 en la Zona Centro, donde fallecieron tres personas. En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, explicó que la presentación “es para colaborar en la causa, porque está caratulada como accidente de tránsito y homicidio culposo y como está llevada en este momento no habrá nadie responsable de estas muertes”.“Se pretende hacer pasar por un accidente de tránsito pero acá no hubo un accidente de tránsito. Sabían que el puente se iba a caer. Habían prohibido pasar. Se otorgaron dos autorizaciones a Capital del Monte y a la empresa Singer de parte del ingeniero Rafael Mazal, autorizando a estas empresas a cruzar el puente”, explicó. “Llevé las autorizaciones al Juzgado y el juez no tomó medidas para ver si la firma es la correcta. Pensé que lo iban a traer para hacer verificación, no vinieron a Vialidad a llevar papeles para ver si es el sello original, la firma original. No fueron a las empresas a verificar si tenían autorización. Vemos que están haciendo una carpeta grande justificando pero no por el camino correcto”, enfatizó Pegoraro.“Tiene que haber gente responsable, que se haga cargo porque no fue un accidente sino que se sabía que iba a caer”, dijo Pegoraro apuntando directamente a la gestión anterior de Vialidad, encabezada por Julio Duarte y Rafael Mazal. “Alguien tiene que ser responsable, no puede ser que en vez de cuidarnos nos manden a la muerte”, añadió.Y recordó que “Vicki Xipolitakis tuvo que poner el mejor abogado del país para no ir presa y solo se sentó en la cabina de un avión. Acá murieron personas”, comparó.Respecto a la causa dijo que “va todo lento y por el camino que nosotros pensamos que no es”, lo cual permite sospechar una protección política, indicó: “la Justicia no funciona en ese aspecto, arman un expediente grandote de papeles pero no por el camino que tiene que ser”.El derrumbe del puente Acaraguá ocurrió el 13 de abril del 2014. Al ceder el viaducto, un micro cayó al vacío, dejando tres personas fallecidas y varios heridos. Para el legislador existen pruebas de la negligencia de los funcionarios que, en aquel tiempo, tenían la responsabilidad. Exigió penas más duras y la detención de los imputados: Julio César Duarte; el coordinador de Regionales de Vialidad, Pablo Knutzon y el agrimensor Mazal. En el escrito se explica que “amicus curiae” son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial a fin de expresar sus opiniones y acercar argumentos de relevancia para un proceso judicial. Deben tener un justificado interés en la resolución final del litigio. Advirtió Pegoraro que quienes prestaron conformidad para el cruce del puente “son autores del hecho y deberán responder penalmente, no por la errónea calificación legal que su Señoría (el juez de Instrucción 2 Horacio Alarcón) interpreta”. Planteó la falta de medidas como “la ausencia de allanamiento a Vialidad y la empresa”.
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