La reciente polémica por las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en cuanto a las pensiones por invalidez o para discapacitados trajo, paralelamente, un déficit informativo que muestra a las claras que el Gobierno nacional tomó una drástica determinación sin tener siquiera la información clara respecto del universo que se vio afectado por la baja de beneficios. En la edición de hoy, se muestran las bases de datos oficiales para el caso puntual de la provincia de Misiones, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), como las del Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación. La primera fue elaborada en 2010 y la otra en 2015, en base a las solicitudes de carnet único, lo que provoca una enorme diferencia de población entre una y otra.Según el Indec, en Misiones viven 153.455 personas con discapacidades o limitaciones permanentes, lo que representa el 14,1% de su población total. Para el Registro de Salud, hay 4.067 personas con discapacidad que tienen Carnet Único de Discapacidad (CUD).Se puede agregar la estadística publicada recientemente por el diario porteño La Nación, en base a datos de la Dirección Nacional de Programación Económica basados en información de la Anses, para la cual Misiones tiene el 6% de inválidos en el total de la población, ubicándola cuarta en el contexto nacional entre las jurisdicciones con mayor porcentaje de pensionados por invalidez.El Estado se debe urgentemente una base única estadística de su población discapacitada que le permita accionar de manera precisa, justa y transparente en distintos aspectos que hacen a la vida de las personas. No solamente para recortarles un beneficio sin fundamento por el hecho de vivir en una provincia o municipio al que se considera con alto porcentaje de beneficiarios. En la tierra colorada, el delegado del Desarrollo Social de la Nación, quiso fundamentar la baja de pensiones en que, por ejemplo, Colonia Aurora tenía el 38% de su población pensionada. ¿Habrán estudiado el impacto de los agrotóxicos en los cultivos o alguna otra causa que pueda sustentar el número? ¿O se buscó un porcentaje alto para ponerlo como mal ejemplo? Si así fue, sería otra lamentable muestra de la inexperiencia del oficialismo para tomar decisiones.
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