En 10 años el Grupo Z recibió del Gobierno nacional mil millones de pesos en concepto de subsidio para "mantener" el servicio de transporte público, un servicio que hasta el año 2002 no había necesitado ayuda económica para funcionar. A esta suma, que promedia casi 100 millones por año, se le deben agregar los subsidios provinciales y municipales que también representan varios millones más. Los datos forman parte de un listado que elaboró el Ministerio de Transporte de la Nación y que entregó a la Justicia para avanzar en la investigación de una mega estafa millonaria que involucra a funcionarios que se habrían quedado con retornos de los subsidios, y a algunas empresas que ni siquiera tenían colectivos como para prestar el servicio pero igual recibieron subsidios. Por ser el máximo responsable del Ministerio donde se produjo este armado, el exministro y actual diputado K, Julio de Vido, fue citado a Indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio. El diario La Nación publicó el pasado jueves el listado completo de las empresas de transporte de todo el país con la cifra total que recibieron en subsidios entre 2006 y 2016.Se observa que las empresas misioneras recibieron sumas siderales. Por ejemplo: Casimiro Zbikoski recibió unos 596.402.048 pesos; Tipoka $336.095.481; la empresa Nuestra Señora del Rosario recibió $70.040.660. Estas tres totalizan 1.002.538.189 de pesos. Otra firma misionera también recibió subsidios, se trata de Bencivenga SRL que fue beneficiada con $161.555.267, según la investigación de La Nación.En Misiones, el Grupo Z maneja en forma monopólica casi la totalidad del Sistema Integrado de Transporte público en Posadas, Garupá y Candelaria. Se desconocen los montos que recibió en ese lapso de la provincia y del municipio posadeño. Pero además, el Grupo Z también tiene acciones en empresas muy grandes de Buenos Aires o el tren Posadas-Encarnación, que habrían costado cientos de millones de pesos obtenerlos. La investigaciónSegún la investigación de la Justicia, que publicó La Nación, “todos los meses y durante al menos diez años, en la Argentina del transporte a precio de monedas se configuraba una de las estafas más impresionantes de la historia. Cada vez que se liquidaban los subsidios a los colectivos también se generaba una enorme masa de dinero que volvía a los funcionarios que estampaban la firma en alguna parte del expediente”.“Fue la cadena de felicidad más perfecta que elaboró el kirchnerismo y que volvió millonarios a exintegrantes del Gobierno y a muchos dueños de empresas de colectivos. El negocio consistía en hacer subir la cuenta de subsidios y aumentar la enorme discrecionalidad con la que se entregaban. Un sistema sucio y oscuro se instaló en un sector que hasta 2002 jamás en la historia había necesitado subsidios”, reveló el informe. Ahora el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto con varios funcionarios como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, fueron citados a indagatoria en el marco de esta causa, que se inició en el 2014.Todo empezó en abril de este año, cuando se cruzaron los datos satelitales que surgían de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) con los números que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones. Entonces, aparecieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas. Algo que en Misiones no se pudo lograr porque la Sube no cuenta con controlador fiscal que permita demostrar el dibujo de las declaraciones sobre cantidad de pasajeros transportados.Solo el primer mes en el que el entonces ministro Florencio Randazzo y sus funcionarios usaron datos precisos y no declaraciones juradas, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se podía justificar con los recorridos. Los datos de kilómetros recorridos permitieron detectar que, solo en el área metropolitana porteña, se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Se calculó que solo en la cuenta de gasoil se podrían haber pagado a los colectivos del área metropolitana alrededor de 600 millones de pesos más por año (a valores de 2014).Con la entrada en vigencia del decreto 2.229, del 18 de diciembre de 2013, el subsecretario de Gestión Operativa del Transporte, Gerardo Otero, se quedó con todas las herramientas para manejar los pagos a los transportistas. El objetivo era usar los datos del Sube y poner fin así a años en los que cada transportista solo presentaba una declaración jurada como requisito para llevarse un cheque millonario.En enero se les avisó a los colectiveros cuáles eran los planes, por dos razones: que algunos dejaran de mentir con sus cifras y que pusieran en condiciones sus máquinas. Los empresarios argumentaron que hay muchos lugares donde el GPS (instalado en cada una de las máquinas validadoras) pierde señal, sea por árboles, túneles o falta de cobertura. Entonces, no están contados todos los kilómetros. Se acordó que a los kilómetros que surgieran de la lectura se les iba a aplicar un 10 por ciento por ese error muestral. Los transportistas no pasaron la prueba: el primer mes de cruce de datos la diferencia fue un ahorro de 30 millones de pesos. Por un lado, les da un subsidio como compensación tarifaria; por el otro, un cupo de litros de gasoil a precio subsidiado. Ambos conceptos se calculaban, hasta abril de 2014, sobre la base de la declaración jurada que presentaban los transportistas.
Discussion about this post