“El Estado no puede caer en ‘mora debitoris’ (retraso en el cumplimiento de la prestación), y los plazos referidos a la prisión preventiva en la causa ‘Transportistas’ estaban todos vencidos”. De esta manera, el fiscal del Tribunal Penal 2 de Posadas, Alberto Rolando Oliva, se mostró ayer sorprendido ante la publicación en exclusiva de PRIMERA EDICIÓN sobre el requerimiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones de investigar a los jueces que coincidieron con su opinión y ordenaron la excarcelación extraordinaria de Lucía Olmo (63) y su hijo Fabio Durán (37) sin sentencia firme en una causa por corrupción de menores y abuso sexual.En diálogo con este Diario, el Fiscal de Cámara no ocultó su sorpresa ante el polémico pedido del STJ: “Mi dictamen en este caso es correcto, la prisión preventiva tenía todos los plazos vencidos y el tiempo corría ‘sine die’ (sin plazos, sin fechas), sin definición”. Vale recordar que el STJ inició el trámite para una investigación a los jueces César Raúl Jiménez (Menores), Marcelo Alejandro Cardozo (Instrucción 1) y César Antonio Yaya (Instrucción 2), y determinar si incurrieron en algún tipo de delito cuando integraron el Tribunal Penal 2 para resolver sobre la excarcelación de Durán y Olmo.“No tiene potestad”Oliva fue tajante al respecto: “No tiene potestad el STJ para investigar a un juez o fiscal de esta manera (..,) Ningún magistrado puede ser molestado por su fallo o cuestionarse su opinión”. Y amplió sobre lo sucedido: “Hay movimientos raros en la Justicia, por eso celebro como auspiciosa, bienvenida y vivificadora la designación de (la fiscal del Tribunal Penal 1) Liliana Mabel Picazo como nueva integrante del Superior Tribuna de Justicia (…) Es saludable, abre una esperanza pero no solo para la provincia, para la República, que ella haya sido la escogida”.Recalcó en el mismo contexto que “si Picazo hubiera estado en funciones (en el STJ) mucho antes, no se habría producido, por ejemplo, esta demora del Estado en resolver la condena de la causa en cuestión. El fuero penal habría estado funcionando de otra manera, por eso celebramos su designación. Ahora estos trámites van a tener un impulso rápido, ligero”.Pero Oliva insistió: “De acuerdo a lo que trascendió hasta el momento, sería inédito que un cuerpo como el STJ decida cuestionar, de esta manera, el fallo de un juez, resulta llamativo”.El miércoles 5 de abril último, Lucy Olmo y Fabio Durán fueron excarcelados pero ligados a un estricto ordenamiento de pautas y restricciones, porque la sentencia de veinte años de prisión no está firme desde el 19 de diciembre de 2013, fecha en que la defensa solicitó el respectivo beneficio al máximo estamento judicial de la provincia. En medio del revuelo que generó la información durante las últimas horas, se aguarda que la fiscalía en turno resuelva la inhibición de la competencia, debido a que la decisión de excarcelar a los transportistas fue emitida el mes pasado, en el turno del Juez de Instrucción anterior, Ricardo Balor.“Es de una gravedad institucional nunca vista”En plena polémica por el pedido de investigación a los tres jueces que excarcelaron a los transportistas tras ocho años de mora judicial, Indiana Guerreño, referente de la Asociación?Pensamiento Penal, habló por vía telefónica con PRIMERA?EDICIÓN desde Buenos Aires y brindó su parecer.“Hemos hablado con referentes de todas las provincias al respecto y la verdad es que esto es de una gravedad institucional nunca antes vista en todo el país. Es descabellado. No hay delito ni nada que investigar en una sentencia que está conforme a lo que dicta la Corte Suprema y los tratados de Derechos Humanos. Hasta el propio fiscal dio conformidad para que estas personas aguarden por una sentencia firme tras ocho años tras las rejas”, indicó la especialista en leyes.Guerreño aseguró que la presentación realizada por el STJ ante la fiscalía en turno “es una violación a la independencia judicial y a la imparcialidad”, tras lo cual indicó que viola directamente el artículo 140 de la Constitución de Misiones, donde se establece con respecto a los jueces de instrucción que “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes”.De regreso con la entrevistada, Guerreño explicó que la resolución que excarceló a los imputados “es un fallo que aplica la ley, no que la viola. Eso es lo más llamativo. Los tribunales superiores son los custodios de la ley en cada provincia. Entonces, si el STJ?va a reaccionar así, qué queda para los jueces de las demás instancias, para los ciudadanos. No solo es gravísimo, si no que también es un mensaje a todos los jueces de la provincia de Misiones, una muestra de poder que no podemos entender”.
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