La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene casi listo un fallo acerca de la sindicalización de las fuerzas armadas, en una causa iniciada por la Policía que reclama el derecho de conformar gremios y reclamar por sus derechos. La primicia fue publicada por el diario Ámbito, de tirada nacional. Vale recordar que ningún Gobierno avaló hasta ahora la agremiación pese a no estar prohibida por la ley. Desde 2015 la Corte viene realizando audiencias para analizar el tema.En el kirchnerismo, el abogado del Ministerio de Trabajo se expresó en contra de la sindicalización en el marco de una causa, en la que un sindicato policial pretende que se reconozca su derecho ante el rechazo de su pedido de inscripción gremial por parte del Ministerio de Trabajo. “¿Por qué no hay ley”?, le preguntó el juez Ricardo Lorenzetti al abogado del Ministerio de Trabajo, en una audiencia en la que estaban presentes personal policial del Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aire (SIPOBA), que reclama la personería gremial.“Yo represento al Poder Ejecutivo no al Legislativo”, dijo el letrado del ministerio, al resaltar el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que impone como requisito para la agremiación la existencia de ley específica.Los proyectos presentados en el Congreso Nacional “no tuvieron curso”, manifestó el abogado del Sipoba, Alberto José Lugones.Agregó que el derecho de huelga no resentiría la función de la fuerza de seguridad, porque “se debe garantizar la seguridad de la población y el orden y paz social”.Para el letrado de Sipoba “la situación actual de la policía bonaerense es tremenda” y marcó déficits en la formación, recursos, armamento y equipamiento. Dijo que “el 80%” de los policías bonaerenses “vive en villas de emergencia”, ya que el personal de esa fuerza “se recluta de las capas más débiles de la sociedad”. “El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX”, dijo Lugones. La solicitud del Sindicato de Policías de Buenos Aires (Sipoba), tiene un fallo de la Cámara del fuero que se opuso y un dictamen también contrario de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ahora debe resolver la Corte. En su exposición, el abogado del Ministerio de Trabajo, Ciaravino, dijo que la sindicalización “es incompatible” con la estructura vertical de las fuerzas de seguridad. En sentido similar se había pronunciado Gils Carbó cuando sostuvo que “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía” las garantías establecidas para los gremios.
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